La Unión Extremadura ha denunciado que el importe de las sanciones recibidas por participantes en la protesta agraria celebrada el pasado 29 de enero en Don Benito, en defensa de unos precios justos para el campo, alcanza los 8.400 euros.
Cabe recordar que la manifestación, convocada por las organizaciones agrarias en el marco de la feria Agroexpo, finalizó con incidentes -varios manifestantes rompieron el cordón de seguridad con el fin de acceder al interior de FEVAL- y heridos y sin la celebración de la reunión que el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, tenían previsto celebrar con representantes de estas organizaciones.
Nueve meses después la Unión Extremadura ha informado de que a los agricultores que asistieron a dicha protesta les han impuesto sanciones por un importe de 8.400 euros por infringir la Ley 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana.
La organización ha recordado que en su momento se comprometieron a dar cobertura legal a todos los sancionados y, si finalmente hay que abonar las multas recibidas, se creará «un fondo común con las aportaciones voluntarias de los agricultores extremeños para hacer frente a las mismas».
«Ni nos van a acobardar ni vamos a consentir que se pretenda desmoralizar a nuestros agricultores y ganaderos, muy al contrario, estas actuaciones nos unen y nos indican que vamos por el camino correcto», ha añadido.
Protesta del 29 de febrero
La Unión Extremadura ha recordado que los asistentes se alteraron cuando se enteraron de que las autoridades aplazaban la inauguración hasta la conclusión del acto, «dando esquinazo a los manifestantes», y cuando llegaron a las inmediaciones del recinto ferial y vieron cerrado el acceso «con vallas con distancias en la parte frontal de más de 300 metros de la puerta de entrada en el recinto».
Asimismo, la organización ha señalado que el acto acabó «con la puerta de FEVAL derrumbada, numerosos manifestantes golpeados» y, a su juicio, «unas imágenes bochornosas en la prensa estatal y por lo visto una sed de venganza contra los manifestantes por parte de la Delegada del Gobierno».
