El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes -13 de abril- al gabinete jurídico del Ejecutivo recurrir ante los tribunales el trasvase del Tajo al Segura de noviembre de 2020, que derivó 13 hectómetros cúbicos para regadío. De este modo, son ya 44 los recursos planteados por Castilla-La Mancha desde el año 2015.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que el Gobierno autonómico sigue manteniendo la «coherencia» y presentando recursos a los trasvases que son para riego, no los destinados a consumo humano, aunque ha admitido que «no hemos tenido éxito» en las sentencia de los tribunales.
Las reivindicaciones judiciales del Gobierno de Castilla-La Mancha van en contra de la ley, una ley «injusta», según reconoció, pero que es normativa de obligado cumplimiento, por lo que «es difícil encontrar el defecto, desde el punto de vista normativo, para que los jueces nos den la razón».
Por lo tanto, el «objetivo último» es que «desaparezca esa ley, se derogue de facto el memorándum y ésto está a punto de suceder»: en cuanto se publique la nueva planificación hidrológica del Tajo que incluye un caudal ecológico mínimo.
Ese caudal hidrológico mínimo supondrá «la derogación de la ley y, por tanto, el cambio del equilibrio normativo que regula el trasvase», según Martínez Arroyo. A su juicio, no solo se trata de una posición «de justicia» sino que así lo marca la normativa comunitaria en materia de agua y la próxima Ley del Agua de Castilla-La Mancha.
El consejero también ha confiado en que «vea la luz lo antes posible» el real decreto que disminuye la cantidad a trasvasar desde los embalses de cabecera del Tajo cuando se encuentran en nivel 2, que es la situación más habitual para los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de 38 a 27 hectómetros cúbicos (que supone un ahorro de 11 hectómetros en cada trasvase.
