Las organizaciones profesionales agrarias han remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que advierten sobre la necesidad de activar la norma de comercialización del aceite de oliva de la campaña 2026/27 para regular la oferta.
Según las cuatro organizaciones, la aplicación de dicha medida sería “fundamental” para contribuir a estabilizar el mercado, evitar un mayor desplome de precios y proteger la rentabilidad de muchas explotaciones oliveras.
Con las cotizaciones del virgen extra en 3,30 euros el kilo y el lampante a 2,90, los costes de producción no se llegan a cubrir. La tendencia descendente en los mercados que lleva presente varias semanas y el encarecimiento de los insumos, la mano de obra o los carburantes agravan la situación.
La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios establece el porcentaje de almacenamiento obligatorio de aceite de oliva que deberán aplicar las productoras. No obstante, aquellos que produzcan y comercialicen la totalidad de su aceite antes de la entrada en vigor de la normativa, se verán en ventaja ante los que inicien su producción posteriormente.
Opiniones dispersas sobre la normativa
Las asociaciones de industriales y envasadores, Anierac y Asoliva, han mostrado su oposición a la retirada obligatoria que plantea el Ministerio. Según anotan, la medida “no está suficientemente justificada”, y creen que podría causar incrementos en los precios del producto que también se verían reflejados en los mercados internacionales.
En contraposición,Anierac y Asoliva plantean una estrategia sectorial de largo plazo como respaldo para el sector del aceite. Aseguran que “el crecimiento del consumo, la creación de demanda y la internacionalización” deberían ser el foco, y que España debe “proteger su producción”, pero también debe generar demanda.
