La Guardia Civil ha intervenido más de 23 toneladas de pesticidas que habían sido falsificados y distribuidos en el sector agrícola sin ninguna medida de control y que presentaban una grave amenaza para la salud pública, la flora, fauna y los campos de cultivo.
Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, hay 10 personas detenidas e investigadas en distintas provincias por el uso ilegal de estos productos fitosanitarios (pesticidas ilícitos o falsificados) que eran empleados principalmente en el sector agrícola, pero también en silvicultura y horticultura.
En el marco de la Operación Silveraxe VII, desarrollada en coordinación con Europol y cuya misión principal es la lucha contra la fabricación, distribución, comercio y uso irregular de medios fitosanitarios, la Guardia Civil ha llevado a cabo un total de 1.084 inspecciones, ha practicado 434 controles y ha detenido e investigado a 10 personas.
Se ha detectado la presunta comisión de 21 infracciones penales, entre las que destacan delitos de falsedad documental, delitos relativos al mercado y los consumidores, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Además, se han detectado 480 infracciones administrativas a las normativas de sanidad vegetal y fitosanitarios, sobre actividades clasificadas y de residuos y vertidos.
Operaciones más relevantes según la Guardia Civil
La Comandancia de Alicante desarrolló una investigación que culminó con un total de 7 personas investigadas y 5 empresas por la puesta en el mercado nacional de naranjas contaminadas con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Supone la imputación de delitos contra la salud pública, falsedad documental, relativos al mercado y los consumidores y por pertenencia a grupo criminal.
Los cítricos, procedentes de Egipto, contenían sustancias activas prohibidas y se procedió a la intervención de 20 toneladas de naranjas contaminadas. Estas fueron adquiridas en Barcelona por el líder de la organización delictiva. Además, los investigados habrían creado facturas y albaranes de compraventa, todo ello de forma ficticia, tratando de convencer a las autoridades de que las naranjas iban a ser retiradas del mercado y se iba a proceder a su destrucción.
Fruto de las investigaciones realizadas, se practicaron registros en diferentes instalaciones de empresas frutícolas ubicadas en las comunidades autónomas del levante español; una en Barcelona, una en Castellón, dos en Valencia, una en Alicante y otra en Murcia. Con ello se ha desarticulado el entramado de empresas implicadas dirigidas por el importador desde Alicante.
En Soria, se ha procedido a la investigación de 3 personas y 2 empresas por almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios sin autorización, lo que supone la presunta comisión de un delito contra la salud pública con sustancias nocivas o productos químicos.
Durante esta investigación se tuvo conocimiento de la existencia de dos naves agrícolas en las que se almacenaban estos productos que no contaban con ningún permiso o autorización, para su posterior venta y distribución a los agricultores de la comarca. En el interior de estas se encontraron almacenados casi 3.940 litros de productos químicos. Además, se comprobó que dichas naves no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa que regula el almacenamiento de los productos químicos.
