El régimen de ayudas directas de la futura PAC -la que, en teoría, debería aplicarse a partir de 2021- incluirá tanto pagos desacoplados como ayudas acopladas, unos de aplicación obligatoria para los Estados miembros y otros de carácter voluntario. Al menos es lo que recogen los borradores de las propuestas de la Comisión Europea que se han filtrado en los últimos días.
En lo que respecta a los pagos desacoplados, los citados textos incluyen cuatro: dos obligatorios (un nuevo pago básico a la sostenibilidad y un pago complementario redistributivo) y dos voluntarios (un pago complementario a los jóvenes agricultores y un régimen de apoyo a favor del clima y el medio ambiente o «eco-programa»).
De acuerdo con los borradores, el pago básico se concedería cada año a los agricultores activos (o lo que esos textos llaman «agricultores genuinos») por cada hectárea elegible. Se abonaría una cantidad uniforme por hectárea aunque el importe podría diferenciarse por territorios que presenten características socio-económicas o agronómicas similares. Bruselas aquí plantea que los Estados miembros puedan decidir seguir basando esta ayuda en derechos de pago o bien optar por no basarla en esos derechos, que desaparecerían. Los pequeños productores (tal y como los definan los Estados miembros) podrían recibir una ayuda en forma de un solo pago.
El pago complementario redistributivo se concedería con el fin de reducir el apoyo a las grandes explotaciones y mejorar el de las pequeñas y medianas. Sería un pago anual concedido por hectárea elegible a los agricultores beneficiarios del pago básico. Los Estados miembros fijarían un importe por hectárea o diferentes importes por diferentes rangos de hectáreas, así como el número máximo de hectáreas por las que se concedería esta ayuda a cada agricultor.
Como parte de sus obligaciones para favorecer el relevo generacional, los Estados miembros podrían conceder una ayuda complementaria a los jóvenes que se instalen por primera vez. Esta ayuda sería un pago anual por hectárea elegible a quienes tengan derecho al pago básico. Los Estados miembros serían los responsables de definir las condiciones para acceder a esta ayuda.
En cuanto al eco-programa, se trata de conceder ayudas a los agricultores que se comprometan a respetar prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente que vayan más allá de las actuaciones obligatorias en esta materia.
Las ayudas acopladas, como en la actualidad, se destinarían a sectores y tipos de agricultura que sean especialmente importantes por motivos económicos, sociales o medioambientales o que atraviesen dificultades. Los sectores que se beneficiarían de ellas son: cereales, oleaginosas, cultivos proteicos, leguminosas, lino, cáñamo, arroz, frutos secos, patata para fécula, leche y productos lácteos, semillas, ovino y caprino de carne, vacuno de carne, aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes secos, lúpulo, remolacha azucarera, caña y achicoria, frutas y hortalizas, arbustos de rotación corta. Se concedería en forma de pago anual por hectárea o animal.
Por último, habría un pago específico al cultivo del algodón que se concedería en condiciones similares a las actuales, aunque los borradores no precisan el importe del mismo.
Los Estados miembros tendrían que definir bastantes de los criterios para la concesión de todas estas ayudas, en línea con la intención de Bruselas de dejar en sus manos buena parte de las decisiones de aplicación de la futura PAC, que tendrían que recoger en un «plan de apoyo» o un «plan estratégico» para todo el período 2021-27.
