Reforma de la PAC: el milagro de los panes y los peces. Por Mercedes Morán

Mercedes Morán, ex-directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura

El mantenimiento de los derechos históricos es uno de los aspectos más importantes y discutidos de la nueva PAC a partir de 2023. Algunas comunidades autónomas han solicitado su desaparición, mientras que otras apuestan por el mantenimiento de estos importes que están recibiendo actualmente los agricultores y ganaderos. ¿Pero es realmente posible mantener estos derechos históricos? No es probable si la reducción del número de regiones es tan estricta como quiere el Ministerio; pero además hay otra razón de peso: el dinero disponible.

Según datos del FEGA, el valor histórico de los derechos de pago básico está asegurando la renta de más de 640.500 productores que solicitan, cada año, las ayudas de la PAC en España. Estos agricultores y ganaderos tienen asignados un total de 19,6 millones de derechos de pago básico, es decir, que hay 19,6 millones de hectáreas que están en el sistema y que reciben las ayudas directas hoy en día.

¿Saben cuál es el importe total de esos derechos de pago básico? Entre 2.700 y 2.800 millones de euros al año, según lo que soliciten los beneficiarios. Ese es el dinero necesario para pagar los derechos históricos de los productores españoles. Actualmente esto supone alrededor del 63% del presupuesto de todos los pagos desacoplados.

Veamos qué ocurriría en la nueva PAC a partir de 2023. El nuevo presupuesto de pagos directos se repartiría entre la ayuda básica a la renta, los eco-esquemas, el complemento para jóvenes agricultores, el pago redistributivo, las ayudas acopladas o asociadas y el pago específico al algodón. Además, el ministro prometió un programa sectorial para el aceite de oliva y el dinero existente para intervenciones sectoriales ya está completo con los sectores de frutas y hortalizas, vino y apicultura, por lo que su intención es detraer un 3% de los pagos directos para destinarlo a este nuevo programa sectorial.

Según sus propias palabras, el ministro quería dedicar el 60% de este presupuesto a la ayuda básica a la renta, que sustituye al pago básico y que es la que recibirán todos los agricultores y ganaderos; pero a medida que van pasando los meses, y Planas hace declaraciones, ese porcentaje va disminuyendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el presupuesto total de la PAC ha disminuido en unos 5.000 millones de euros para todo el periodo 2021-2027, por lo que partimos de menos fondos que en la PAC actual.

Además, el ministro ha anunciado que se recortará un 20% del presupuesto de la ayuda básica a la renta para destinarlo al pago redistributivo. Esto significa que el modelo de regiones que se diseñe para esta ayuda básica no contará con el dinero previsto inicialmente.

También ha afirmado Planas, que la superficie de frutas y hortalizas, la de patata y la de viñedo, que ahora no están incluidas, recibirán pagos desacoplados en la nueva PAC; además en la propuesta del eco-esquema 1 pueden ser beneficiarios los productores de porcino y equino, por lo que la superficie de pastos donde se mantienen estas producciones de manera exclusiva, y que no tiene ayuda actualmente, podrían entrar en el sistema. De acuerdo con esto, el mermado presupuesto de ayuda básica a la renta ya no se distribuirá entre 19,6 millones de hectáreas como ahora, sino que es probable que pudiera aumentarse hasta la superficie agraria útil de España que son más de 23 millones de hectáreas.

No acaban aquí los descuentos porque también influirán los fondos destinados a eco-esquemas. En esto hay diferencia de opiniones: el Parlamento Europeo quiere destinar el 30% del presupuesto total, mientras que el Consejo apuesta por el 20%. De hecho, el reparto inicial del dinero de las ayudas directas se ha hecho, por parte del Ministerio, teniendo en cuenta este último porcentaje. Sin embargo, la presidencia portuguesa de la UE ha propuesto un 25% para acercar ambas posturas y parece que es aceptada por los ministros de agricultura de los Estados miembros.

Teniendo en cuenta lo establecido en el documento de Conclusiones del Consejo Europeo de julio 2020 sobre el Marco Financiero Plurianual en cuanto al límite de fondos para pagos directos, y considerando el peso que tiene España en el presupuesto europeo, nos correspondería alrededor de 4.700 millones de euros al año. Si la propuesta de destinar el 25% del presupuesto para los eco-esquemas sale adelante y contando con el nuevo programa sectorial del aceite de oliva, las cuentas “grosso modo” y simplificadas arrojan esta distribución aproximada:

En cuanto a la partida económica destinada a los pagos acoplados, según anunció el ministro, además de las producciones que actualmente reciben este pago habrá una ayuda acoplada para la aceituna de mesa, por lo que parece que se quedará corta.

Lo que comenzó con utilizar un 60% del presupuesto para esa ayuda básica, que es la única que reciben todos los agricultores y ganaderos como apoyo a la renta, va camino de quedarse en un 43%

En definitiva, que lo que comenzó con utilizar un 60% del presupuesto para esa ayuda básica, que es la única que reciben todos los agricultores y ganaderos como apoyo a la renta, va camino de quedarse en un 43%, además de tener que repartirse entre varios millones de hectáreas más que en la actualidad.

Es por esto por lo que parece del todo imposible que se puedan mantener los valores históricos de los derechos de ayuda de los agricultores y ganaderos a partir de 2023; simplemente, porque no habrá 2.800 millones de euros anuales para pagarlos. A menos que el Ministerio hiciera el milagro de los panes y los peces o que se detraigan fondos del segundo pilar, el de desarrollo rural, y los pasen al primer pilar ayudas directas, como permite el acuerdo del Consejo Europeo de julio 2020.

Artículo de opinión de Mercedes Morán, ex-directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura

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