Las Cortes admiten a trámite la propuesta de modificación de la Ley de Caza en Castilla y León

PP, PSOE y Ciudadanos han pactado el cambio para tratar de evitar la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia

Las Cortes de Castilla y León han admitido a trámite la propuesta de modificación de la Ley de Caza que el PP, el PSOE y Ciudadanos han pactado para tratar de evitar la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia.

Esta propuesta incluye en la normativa el catálogo de especies cazables que anteriormente figuraban en el decreto que fue anulado cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En la votación, el PP, el PSOE y Ciudadanos han votado a favor de la admisión a trámite, mientras que Podemos se ha abstenido entre críticas a la gestión de la Junta.

Por su parte, el representante de IU-Equo ha sido el único que ha votado en contra de un cambio en la ley que todos los proponentes se han comprometido a modificar nuevamente en la próxima legislatura.

En el caso del PP, su presidente autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha argumentado que lo que está en juego con este debate es “la libertad, la convivencia y el respeto por las ideas ajenas”.

El procurador socialista José Luis Aceves ha antepuesto que la caza pueda mantener su actividad a las dudas legales de esta modificación. De hecho, ha reconocido que se trata de “un parche” que necesita de una nueva ley en la próxima legislatura que no tenga “resquicios” que impidan que se pueda paralizar la caza.

El representante del otro grupo proponente, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, ha subrayado la necesidad de mantener la caza para buscar un futuro a los pueblos del medio rural, además de ser imprescindible para preservar el medio ambiente, la agricultura y la seguridad vial.

Por su parte, José Sarrión, representante de IU-Equo, que ha votado en contra, ha señalado que con esta modificación se está “vulnerando la tutela judicial efectiva de la sociedad civil”, al elevar a rango de ley el objeto de la denuncia planteada ante el TSJCyL, lo que precisará de la iniciativa de al menos 50 diputados para elevar el asunto al Tribunal Constitucional.

El representante de Podemos, Félix Díez, ha defendido la abstención de su grupo por ser partidario de la existencia de una “caza social”, pero se ha mostrado crítico con el “parche” que, en su opinión, los grupos proponentes han hecho con esta modificación legislativa.

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