El acuerdo de libre comercio entre la UE y los países de Mercosur, que entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo, sigue suscitando inquietudes. Tras la gestión de los contingentes arancelarios agrícolas, ahora es el turno del uso de los pesticidas de ocupar el primer plano.
En un comunicado de prensa publicado hace unos días, la Confederación Europea de Productores de Maíz (CEPM) insta una vez más a los dirigentes franceses y europeos a establecer una verdadera reciprocidad normativa en el marco del acuerdo UE-Mercosur, debido al riesgo sanitario, comercial y competitivo que este supone.
La Confederación Europea de Productores de Maíz insta a los dirigentes franceses y europeos a establecer una verdadera reciprocidad normativa en el marco del acuerdo UE-Mercosur
El punto de partida de su petición es la publicación, el 26 de mayo, de un artículo del periódico brasileño Folha de São Paulo que destaca los resultados de un estudio de la administración brasileña en el que se mencionan 306 casos de superación de los umbrales de detección de pesticidas autorizados por la UE.
El CEPM considera que estas revelaciones son “una nueva prueba de la total falta de control por parte de la UE, que permite la entrada en su territorio de maíz que no cumple sus normas”. Los productores de maíz europeos añaden “que los límites máximos de residuos no son suficientes para establecer una reciprocidad normativa, ya que durante el ciclo de producción se utilizan numerosas sustancias activas”. Además, sostienen que las diferencias normativas entre las partes crean una importante distorsión de la competencia.
El CEPM estima en 100 euros/tonelada la diferencia de coste de producción entre el maíz francés y el maíz brasileño producido en el estado de Mato Grosso, en detrimento de los productores europeos.
Al mismo tiempo, Brasil ya se encuentra en el punto de mira de Bruselas por no haber garantizado que no utiliza antibióticos como promotores del crecimiento en la producción de carne de vacuno. Por lo tanto, el país no podrá exportar a la UE a partir de septiembre si no cumple con la normativa.
