Aragón, Cataluña y Castilla y León, a la cabeza en “macrogranjas” de porcino

La coordinadora estatal contra la ganadería industrial ha alertado de la proliferación de explotaciones de porcino de tamaño medio y grande, las denominadas “macrogranjas”, que tienen especial implantación en Aragón, Cataluña y Castilla y León. Así lo advirtió en la jornada de clausula del III Encuentro Estatal Stop Ganadería Industrial celebrada en Cerecinos de Campos (Zamora).

Durante el encuentro, que congregó a un centenar de personas en representación de las asociaciones ecologistas y plataformas vecinales que integran la coordinadora que lucha contra los proyectos de ganadería industrial, la coordinadora advirtió de las consecuencias medioambientales y para la salud pública de este tipo de explotaciones, que han crecido en España “de forma desmesurada y descontrolada”.

Por su parte, la coportavoz de la coordinadora estatal Rosa Díez Tagarro ha explicado que las “macrogranjas” han hecho que Aragón haya desbancado ya a Cataluña en la clasificación española de ganadería industrial de porcino, con más de ocho millones de cabezas frente a casi ocho millones que se contabilizan en territorio catalán.

Como tercera Comunidad Autónoma con más ganadería porcina se ha situado Castilla y León, con cuatro millones de cerdos, de los que un millón se localizan en Segovia, donde se han incrementado las “macrogranjas” especialmente en el último lustro.

Díez Tagarro ha hecho referencia a los problemas que, a su juicio, causan este tipo de explotaciones porque los purines generan la contaminación de acuíferos y suponen “un riesgo de salud pública”.

También ha sostenido que estas granjas no crean empleo sino que lo destruyen y ha contrapuesto a ellas las explotaciones “extensivas y ecológicas, que sí protegen la biodiversidad y generan empleo en el medio rural”.

Por último, también ha subrayado que en Cataluña, donde primero se implantaron este tipo de explotaciones, el 40% de los acuíferos están contaminados y eso supone un coste anual para el Gobierno autonómico catalán de seis millones de euros.

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