Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León presentan sus recursos contra la inclusión del lobo en el Lespre

Los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han presentado ante la Audiencia Nacional, a través de sus respectivos servicios jurídicos autonómicos, los recursos contencioso administrativos contra la Orden de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) y han pedido a los jueces la suspensión cautelar de la disposición hasta que se dicte sentencia sobre los citados recursos.

Los responsables de Medio Ambiente de las cuatro regiones, que son las que tienen mayor presencia de lobos, anunciaron el arranque de este proceso contra la Orden en una reunión celebrada el 28 de septiembre en Santander, a la que también asistieron los representantes de las organizaciones ASAJA, COAG y UPA. Estas presentarán asimismo recurso judicial y han reiterado su intención de convocar movilizaciones de protesta contra la medida adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica, además de acciones para explicar a los ciudadanos del medio urbano y rural el perjuicio que esta decisión del Gobierno traerá para el sector agropecuario y para el medio rural.

El objetivo de la reunión era coordinar las acciones a llevar a cabo para que se suspenda la Orden ministerial. Además de la vía judicial, los consejeros han decidido solicitar un encuentro con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación del lobo ibérico en España. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha precisado que la Orden “va más allá de la Directiva Europea Hábitats, que confiere a los territorios del norte del Duero la capacidad de gestionar la especie, que el Gobierno de España les hurta, y que, en el marco del consenso, ha permitido que el lobo tenga las mejores poblaciones de Europa”.

Los titulares de Medio Ambiente de las cuatro regiones han insistido en que su objetivo no es ni mucho menos acabar con el lobo y han vuelto a criticar la falta de diálogo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha mostrado también su indignación y decepción por el posicionamiento público del ministro de Agricultura, Luis Planas, a favor de su compañera de Consejo de Ministros, cuando su Ministerio presentó alegaciones en la tramitación de la Orden que coincidían con la postura conjunta de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León.

Por otro lado, pedirán aclaraciones sobre los 20 millones de euros que supuestamente se destinarán a la ejecución de la Orden cuando en la memoria económica obligatoria que acompaña a la misma solo figuran 25.000 euros al año de gasto económico para su ejecución.

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