El miércoles 23 de marzo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantuvo un encuentro con representantes del sector de la distribución comercial para analizar los efectos económicos más inmediatos del conflicto ruso-ucraniano, en el marco de las conversaciones para la configuración del plan nacional de respuesta al impacto de la guerra.
Durante la reunión, la responsable informó de que están trabajando en el plan nacional de respuesta, cuya aprobación está prevista para el 29 de marzo. También asistieron la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; Aurelio del Pino, presidente de ACES; Javier Millán-Astray, director general de ANGED; Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS; Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio; José María Bonmati, director general de AECOC; Julián Ruiz, secretario general de la Confederación Española de Comercio; Mauricio García Quevedo, director general de FIAB; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España y Mercedes Alsina de CEOE.
Plan nacional de respuesta al impacto de la guerra
El plan nacional de respuesta al impacto de la guerra cuenta con ocho objetivos. Estos serían: bajar el precio de la energía (gas, electricidad y carburantes), apoyo directo a las empresas y sectores afectados, estabilidad de precios, garantía de suministros, proteger la estabilidad financiera y reforzar la confianza en la economía española. También incluye acelerar el despliegue del plan de recuperación, impulsar la eficiencia energética, y modificar el horizonte temporal del marco de ayuda para incorporar la guerra como marco de tensión lo que despeja las medidas de ayuda de estado para las empresas afectadas.
Reyes Maroto resaltó que «como muchas de las medidas dependen del marco europeo no se publicarán hasta el 29» pero que el Gobierno tiene un plan B por si las medidas propuestas en el marco de la comisión no salieran adelante, en especial las derivadas del precio energético.
Preocupaciones del sector
En el encuentro, y tras analizar los objetivos del plan nacional, las organizaciones le trasladaron al Ministerio las siguientes preocupaciones:
- El RD debe incorporar disposiciones adicionales para dotar de flexibilidad a las empresas ante las circunstancias sobrevenidas que le permitan garantizar el suministro: etiquetado, limitación de unidades por transacción, flexibilidad en el reglamento europeo para suministrarse de terceros países.
- Solicitud de ajuste fiscal: reducir el IVA en alimentación, suspender los impuestos indirectos y aplazar hasta al menos el 2024 el impuesto al plástico.
- Posponer todas las iniciativas regulatorias que impliquen costes incrementales a las empresas para su adopción , hasta que se despeje la incertidumbre y el escenario inflacionista.
- Definir de manera definitiva a la Cadena Agroalimentaria como sector esencial para darle cobertura jurídica en cualquier circunstancia y evitar la situación actual por ejemplo.
Paro del transporte
Por otro lado, también abordaron el paro del transporte. Según ha detallado el sector de la distribución comercial, la ministra explicó que el jueves se reunirá parte del Ejecutivo central para concretar las medidas. En la convocatoria están todos los miembros del comité de transporte y está previsto que también que se reúnan posteriormente el secretario de estado con la plataforma por el transporte.
Por su parte, las organizaciones le trasladaron «la necesidad de involucrar a todos las organizaciones del transporte que están secundando el paro y que se circunscriba a los dos aspectos fundamentales que han planteado: la devolución anticipada del gasóleo profesional y medidas efectivas para reducir el precio del gasóleo».
