Dieciséis países de la Unión Europea, entre ellos España, han enviado una carta conjunta reclamando más dinero para la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión en el próximo presupuesto del bloque a largo plazo.
Los autodenominados `Amigos de la Cohesión´ están formados por España, Italia, Polonia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.
El documento se conoce el mismo día en que los secretarios de Estado para la UE de los Veintisiete debaten el Marco Financiero Plurianual (MFP) del periodo 2028-2034.
En el texto los firmantes señalan que, según la propuesta de la Comisión, los fondos agrícolas, pesqueros y regionales «son las únicas políticas que se enfrentan a recortes» a pesar del aumento «global» del presupuesto. Por ello, reclaman «un incremento de las asignaciones presupuestarias destinadas a los Estados miembros» en el borrador presupuestario, que las capitales deben distribuir entre la PAC, los programas de Cohesión y la pesca, entre otras prioridades.
Los fondos agrícolas, pesqueros y regionales «son las únicas políticas que se enfrentan a recortes» a pesar del aumento «global» del presupuesto
Además, estos dieciséis países argumentan que «estas políticas contribuyen de manera significativa a los objetivos clave de la UE», así como que son los programas «con mayor visibilidad» para los ciudadanos comunitarios.
Con respecto a la financiación de las futuras cuentas, los `Amigos de la Cohesión´ se muestran «abiertos» a debatir nuevas fuentes de ingresos que «alivien de manera efectiva la presión sobre los presupuestos de los Estados miembros. Además, señalan que «cualquier nuevo recurso propio debe ser genuino, justo, sencillo y no regresivo».
Asimismo, los dieciséis abogan por refinanciar la deuda contraída en el marco del fondo de recuperación (unos 25.000 millones de euros anuales) para que su reembolso sea «más gradual» y emitir «nueva deuda conjunta» para distribuir entre los socios comunitarios en forma de préstamos.
Consideran que estas deberían ser «opciones viables para financiar inversiones y bienes públicos europeos esenciales para la autonomía estratégica a largo plazo».
