Álvarez insta al Ministerio de Trabajo a aplicar “el sentido común” en el registro diario de la jornada en el campo

Intervención de Juan José Alvarez, director de ASAJA

Juan José Álvarez, director de ASAJA y experto en temas fiscales

Juan José Álvarez, director de ASAJA, intervino en la última emisión de AGROPOPULAR -7 de septiembre- para hablar sobre las dificultades del sector agrario para cumplir con el registro diario de la jornada laboral, que ya había reflejado en un articulo publicado en esta web. A continuación incluimos el texto íntegro de Álvarez y su intervención en el programa:

Artículo

La singularidad del sector agrario hace particularmente complicado el registro diario de la jornada laboral y ASAJA reclama una fórmula que aplique «el sentido común». El campo no es una oficina ni una fábrica de hacer tornillos.

Desde el pasado 12 de mayo, y a través del Real Decreto Ley 8/2019 de Medidas Urgentes para la Protección Social y la Lucha contra la Precariedad en la Jornada Laboral, todas las empresas están obligadas a llevar un estricto control de las horas de trabajo de sus empleados. Se convierte en obligatorio registrar las jornadas laborales de los trabajadores, pero el cumplimiento de esa exigencia resulta mucho más complicado en unos sectores que en otros. Así, en el agrario, por sus peculiaridades, esa labor no se presenta nada sencilla.

Hasta esa fecha, dicha obligatoriedad solo se establecía para los trabajadores contratados a tiempo parcial, pero ahora se extiende a todos los empleados, cualquiera que sea el tipo de contrato y la duración de su jornada. El objetivo no es otro que el de llevar un registro que facilite el control de las horas extras realizadas para que éstas sean debidamente compensadas.

Desde ASAJA estamos de acuerdo con el fin que se persigue, pero entendemos que en muchos sectores, y más en concreto en el agrario, cumplir con la nueva norma, tal y como se estructura en la actualidad, entraña muchas dificultades y complica la vida al sector, como de hecho queda demostrado.

Esas complicaciones pasan por las características del trabajo agrícola y ganadero. En primer lugar, y salvo excepciones, el trabajador agrario no cuenta normalmente con un centro de trabajo fijo; lo habitual es que el trabajador desarrolle su labor en parcelas de la explotación que están situadas en diferentes municipios que muchas veces están separados por una distancia importante.

Además, la duración de la jornada laboral no siempre es la misma en este tipo de trabajos. Hay una gran dependencia de la climatología; es algo que no se puede controlar. De hecho, la normativa especial aplicable en el campo contempla distintas situaciones que posibilitan ampliaciones y la distribución irregular.

Hay una parte de trabajadores que son fijos, pero la mayoría son eventuales, con un añadido: hay periodos del año en los que se necesita mucho más personal que en otros, dependiendo de las campañas.

Bajo estas circunstancias, existe en este momento una gran dificultad para cumplir con el Real Decreto Ley en la parte que señala la obligatoriedad de registrar el momento de entrada y salida del trabajador y en que ese registro se debe realizar bajo cualquier formato inalterable y permanecer en el centro de trabajo para estar a disposición de los propios trabajadores, de sus representantes y de la Inspección de Trabajo durante varios años.

En una explotación con parcelas en distintas localidades, ¿dónde cita el agricultor a sus trabajadores? ¿en el almacén, si es que tiene, en una finca, en su casa, en la plaza? ¿qué sistemas de control son admisibles?

Ante esta situación, ASAJA ha solicitado esta semana una reunión con los representantes del Ministerio de Trabajo y exige que en el desarrollo reglamentario de la norma se establezcan condiciones precisas y suficientemente excepcionales para el sector agrario, como hemos venido reivindicando para el campo desde antes de la puesta en marcha de esta medida.

Tal y como se está haciendo ahora es un despropósito porque se están consumiendo muchos recursos y se está generando una fuerte incertidumbre, ya que el agricultor no sabe si está haciendo las cosas bien o no y desconoce si va a tener algún problema con la Inspección de Trabajo.

No en vano, la sanción por no llevar a cabo el registro es de hasta 6.250 euros. Por esa razón, aunque en ASAJA ya hemos tenido algún encuentro con la Secretaria de Estado de Empleo y con el Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo, hemos solicitado una reunión en este comienzo del nuevo curso para trasladarles las circunstancias del sector y para buscar una fórmula para el cumplimiento de la ley «con sentido común».

Escuche la intervención completa en el programa

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