Cs propone que las explotaciones agrarias perjudicadas por los aranceles no paguen IBI

Ciudadanos propone una batería de medidas fiscales para ayudar al sector agrario perjudicado por los posibles aranceles que quiere imponer Estados Unidos a productos españoles y pide que las explotaciones agrarias tengan bonificado el 100% del IBI y del impuesto de actividades económicas (IAE).

Entre las medidas que propone la formación naranja, también se contempla una tarifa plana de 30 euros para los autónomos y socios de cooperativas de sectores agrarios perjudicados.

Esta reducción en la cuota de los autónomos a la Seguridad Social se sumaría a una bajada de los módulos del IRPF para quienes tienen una explotación y estén afectados en sus productos por los aranceles.

Se trata de una serie de “medidas urgentes, un salvavidas naranja para paliar los efectos de los aranceles de Trump y garantizar que no se pierda un solo empleo en el campo español”, afirman fuentes de Ciudadanos que inciden en que si llegan al Ejecutivo impulsarán estas medidas de forma inmediata.

Otras de estas propuestas serían la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores contratados en sectores agrarios perjudicados y la de impulsar créditos o facilidades financieras a dichos negocios.

“Un Gobierno no se puede quedar de brazos cruzados mientras están en juego la continuidad de explotaciones agrarias y puestos de trabajo de un sector que es una de las principales fuentes de riqueza en muchas Comunidades Autónomas y la primera fuente de empleo en miles de municipios españoles”, señala Ciudadanos.

De esta forma, la formación que lidera Albert Rivera centra una buena parte de su programa económico en el mundo rural, ya que a estas ayudas fiscales hay que sumar las siguientes:

El compromiso de bajar el 60 % el tipo nominal del impuesto de sociedades para las empresas que se instalen o mantengan su domicilio en pueblos con lo que pasarían a pagar un tipo del 10 % desde el 25 % actual y la reducción en un 60% del IRPF de las personas empleadas en el ámbito rural y que las mujeres y los jóvenes menores de 30 años que abran un negocio en municipios de menos de 5.000 habitantes tengan una tarifa a la Seguridad Social de 30 euros durante 2 años.

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