Las cooperativas vitivinícolas francesas, italianas y españolas han pedido al Parlamento Europeo, en una carta abierta, que tenga en cuenta “el estudio de impacto de la propuesta de la Comisión sobre el Reglamento de uso sostenible de fitosanitarios para modificarlo adecuadamente”. Subrayan la necesidad de “disponer de todos los datos para tomar decisiones racionales e informadas que tengan un impacto a largo plazo en la capacidad de producción agrícola europea”.
Las cooperativas de estos tres países piden cambios en la propuesta de la Comisión, que consideran “alejada de la realidad del mundo agrícola y vitivinícola” e “inadecuada para alcanzar los objetivos que propone”. Apuntan que “una reducción del 60% o del 20% no tiene sentido sin alternativas claras y sin un calendario adecuado y realista, condiciones necesarias para acompañar a los agricultores en este camino”.
Añaden que los agricultores son los primeros interesados en utilizar menos fitosanitarios y en “unas condiciones de producción seguras que respeten el medio ambiente y el entorno natural” pero hacen falta alternativas a los productos químicos y que se realicen más investigaciones donde no existan.
«Una reducción del 60% o del 20% no tiene sentido sin alternativas claras y sin un calendario adecuado y realista»
“La política de la UE sobre productos fitosanitarios -subrayan- debe poner en pie de igualdad la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica. Esto significa que la transición hacia una reducción en el uso de productos fitosanitarios debe hacerse a un ritmo que permita la aplicación de métodos de control alternativos, que deben fomentarse con inversión pública”.
Entre las medidas que permitirían reducir el uso de fitosanitarios citan la aprobación de un marco legislativo para las nuevas técnicas genómicas, que permita el desarrollo de variedades más resistentes a las plagas.
Señalan, por último, que una de las consecuencias del proyecto de Bruselas sería la disminución de la producción comunitaria y un aumento de las importaciones procedentes de países terceros menos exigentes en términos de salud y sostenibilidad que la UE.
