Brexit: las empresas que exporten al Reino Unido precisarán de un representante fiscal

El pasado 17 de octubre el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el Brexit. Esta decisión conllevará, entre otras cuestiones, grandes cambios en las exportaciones de las empresas europeas.

Según Antonio Albarrán, especialista en fiscalidad en Baker McKenzie, actualmente “los escenarios son infinitos”, puesto que aún se desconoce cuándo se efectuará, si habrá un acuerdo o cómo se concretará. Sin embargo, “lo que sí parece que está claro” es que una vez que el Reino Unido abandone la UE las empresas exportadoras europeas tendrán que contar con representantes fiscales en el país, que serán sus responsables solidarios -incluidas las deudas-, algo que “no va a ser fácil” de encontrar.

Las empresas exportadoras europeas tendrán que contar con representantes fiscales en el país

El experto también ha explicado que el acuerdo de salida prevé un periodo transitorio que, en principio, terminaría el 31 de diciembre de 2020, para buena parte de las materias. Una vez finalizado este plazo (o el 1 de noviembre, en caso de que la salida sea sin acuerdo), para sus trámites en aduanas las empresas exportadoras europeas necesitarán un número identificador británico, ya que el EORI que actualmente funciona en toda la Unión ya no servirá en el país.

Además, tampoco tendrán validez las decisiones arancelarias vinculantes, que son dictámenes administrativos sobre aspectos relativos a la mercancía, que evitan discrepancias entre las aduanas de diferentes países comunitarios.

En cuanto a la gestión del IVA, este problema es aún más complejo ya que Reino Unido dejará de estar exento del pago de este impuesto, lo que podría llevar a abonos dobles, al tiempo que podría permitir las deducciones.

La salida del Reino Unido de la UE también afectará a los contratos privados entre empresas, por ejemplo, a la hora de determinar la ley aplicable, la jurisdicción en caso de discrepancia o la aplicación de las resoluciones judiciales. Actualmente cualquier decisión de un tribunal de un país de la UE se aplica directamente en todo el territorio.

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