Las negociaciones entre los Estados miembros sobre la revisión de los objetivos climáticos del sector de uso de las tierras y silvicultura han comenzado y los ministros de Agricultura, que han manifestado sus dudas, han pedido estudios de impacto para evaluar las consecuencias para el sector agrario y forestal.
La presidencia francesa del Consejo de la UE puso sobre la mesa, el pasado 6 de abril, un primer proyecto de compromiso para la revisión del reglamento comunitario sobre el uso de las tierras, el cambio de uso de las tierras y la silvicultura (LULUCF). La Comisión Europea propone elevar el objetivo de absorciones netas de carbono a -310 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2030 y la neutralidad climática en el sector para el año 2035. Sin tocar las cifras, Francia sugiere introducir una serie de elementos de flexibilidad.
Son los ministros de Medio Ambiente de la UE los competentes en este asunto, pero los de Agricultura también quieren pronunciarse. En su última reunión mostraron su preocupación y pidieron elementos claros sobre el método y el seguimiento de esta revisión de la reglamentación. Muchos pidieron que se publique un estudio de impacto. Eslovaquia, por ejemplo, considera que la revisión propuesta es “demasiado ambiciosa” y que “los cambios deberían ser progresivos”.
Algunas delegaciones reclamaron también un análisis más detallado de las propuestas que hay sobre la mesa para tener en cuenta las consecuencias de los fenómenos naturales (incendios, tormentas,…) a la hora de evaluar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar sus objetivos. España y Portugal consideran que esos fenómenos no son de origen antrópico y no son, por tanto, “resultado de opciones políticas a nivel nacional”. En su proyecto de compromiso, Francia propone que los Estados miembros puedan excluir, hasta 2030, de sus cuentas las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a inclemencias naturales excepcionales.
División sobre la integración de las emisiones agrarias
La Comisión propone que después de 2030 las emisiones de la agricultura distintas al CO2 se integren en el ámbito de aplicación del reglamento sobre el sector LULUCF, que pasaría a convertirse en el sector AFOLU (agricultura, bosques y otros usos de las tierras), con el fin de alcanzar la neutralidad climática de este nuevo sector en 2035.
Esta propuesta cuenta con el apoyo de algunos ministros de Agricultura, pero otros son más prudentes. Suecia, donde el 70% de la superficie está cubierta de bosques, considera que sería “prematuro” tomar una decisión en esta materia. Estonia y la República Checa advierten que “cualquier cambio precisará de un examen más profundo” y de una propuesta legislativa distinta. Polonia y Hungría están en contra y Alemania se muestra escéptica.
La presidencia francesa del Consejo espera una posición común de los 27 sobre este asunto antes de finales de junio.
