La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera «un paso adelante logrado por el trabajo del sector citrícola valenciano, con el apoyo del Gobierno español y la Generalitat Valenciana, pero un paso totalmente insuficiente para garantizar la seguridad sanitaria de los cítricos de la Unión Europea» la decisión del Comité Permanente de Plantas, Animales y Piensos (SCoPAFF), dependiente de la Comisión Europea, de limitar la aprobación del tratamiento en frío (Cold Treatment) únicamente a las naranjas procedentes de Sudáfrica y no a todos los cítricos –mandarinas y pomelos– como reivindicaba AVA-ASAJA.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, tacha esta «medida a medias» como «impropia de un conjunto de países serios. Desde luego, es un insulto a España que ha ido a una voz y cargada con las razones de base científica de la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que defiende de manera muy clara una posición: la plaga de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) puede afectar a otros cítricos, aparte de la naranja, así como a otros cultivos, tales como las frutas de hueso, el aguacate, la viña, el olivo, el caqui, el granado, el pimiento, el tomate y la berenjena. Seguiremos jugando con fuego».
La organización agraria solicita al Gobierno español y a la Generalitat Valenciana que «exijan la copia del acta»
No en vano, la asociación recuerda que de las 18 interceptaciones de falsa polilla que los cargamentos citrícolas procedentes de Sudáfrica acumularon en 2021 a través de los puntos de entrada de la UE, diez se detectaron en naranjas, cuatro en pomelos, tres en mandarinas y uno en kumquat.
AVA-ASAJA pide que se haga pública el acta de del SCoPAFF para «conocer quién se ha opuesto a aprobar el tratamiento en frío a todos los cítricos, porque si ocurriera un error en los controles fitosanitarios y la plaga acabara introduciéndose en la agricultura europea, las consecuencias económicas las deberían pagar esos que han tomado esta decisión. Una decisión que abusa de las obligaciones de la propia normativa comunitaria que está hecha de buena fe pero que puede ser burlada, como se ha vuelto a demostrar», afirmó Aguado.
Asimismo, la organización agraria solicita al Gobierno español y a la Generalitat Valenciana que «exijan la copia del acta y reaccionen de forma contundente: No se puede entender esta medida sino como una agresión a la inteligencia y a la razón, que viola una realidad científica que es clara y objetiva. Así, no se construye una Unión Europea».
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