El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión del 26 de enero el Real Decreto con disposiciones específicas para la aplicación de la PAC en España en 2021 y 2022, años de transición hasta la entrada en vigor de la reforma de esta política en 2023. En contra de las posiciones de algunas Comunidades Autónomas, el texto que se aprobará finalmente mantiene la convergencia acelerada de las ayudas directas recogida en el proyecto que el Ministerio de Agricultura sacó a consulta pública en septiembre del año pasado.
De acuerdo con el mismo, en 2021 los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional se incrementarán en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional de este año. Ese incremento se financiará mediante la reducción de los derechos que superen el valor medio regional, “sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan”. Según el texto, “ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70% del valor medio regional en 2021”. En 2022 se procederá del mismo modo, de forma que “ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 80% del valor medio regional en 2022”.
La normativa vigente hasta 2020 establecía que los derechos con un valor unitario inferior al 90% de la media regional se incrementaban en una tercera parte de la diferencia entre ese valor unitario y el 90% del valor medio regional. Además, para financiar ese incremento, la reducción de los derechos cuyo valor superase la media regional tenía un límite del 30%.
En la última reunión del Consejo Consultivo, para preparar la reunión del Consejo Agrícola de la UE esta semana en Bruselas, el Ministerio de Agricultura presentó a las Comunidades Autónomas este nuevo borrador, que apenas presenta cambios con respecto al de septiembre.
El Ministerio precisó que el borrador no incluye aún las partidas presupuestarias asignadas a cada línea de ayudas porque se está a la espera de que la Comisión Europea dé su visto bueno al cálculo presentado.
También anunció que después de publicarse el Real Decreto se proporcionarán a las Comunidades los datos relativos a los nuevos valores unitarios de los derechos de pago básico para 2021, una vez ajustados al nuevo límite presupuestario que se fije para este régimen de ayudas y aplicada la convergencia.
