En su reunión de hoy, 15 de marzo, el Consejo de Ministros ha adoptado un paquete de medidas que pueden considerarse clásicas para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario, entre ellas medidas fiscales, de carácter laboral, subvención de prestámos y flexibilización de ciertos requisitos de la PAC.
Al término de la reunión, el ministro de Agricultura, Luis Planas, enumeró las medidas en cuestión, agrupadas en cinco bloques:
- Medidas de carácter social: aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social (a un interés del 0,5%); reducción del número de peonadas para percibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, que pasarán a 20 en lugar de 35; posibilidad de que, por un máximo de seis meses, los trabajadores fijos-discontinuos puedan acogerse al subsidio agrario.
- Medidas fiscales: reducción del 20% del rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF; exención del IBI rústico para las explotaciones que hayan registrado una caída superior al 30% en sus rendimientos agrícolas o ganaderos.
- Medidas para aportar liquidez: línea de préstamos dotada con 10 millones de euros; financiación de avales de préstamos por importe de 2,7 millones de euros; y una dotación extraordinaria de 11 millones de euros para el plan de seguros agrarios.
- Medidas relacionadas con la PAC: se está en conversaciones con la Comisión Europea para incrementar el porcentaje del anticipo de ayudas de la PAC de 2022 que podrá concederse a partir del 16 de octubre y para flexibilizar ciertas exigencias que no podrán cumplirse debido a la situación de sequía.
- Medidas en materia de agua, competencia del Ministerio para la Transición Ecológica: reducción de entre el 50% y el 100% de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua, ligada a la reducción de las disponibilidades en las dotaciones de riego, en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana; fijación de precios máximos por la provisión de agua desalada y por aguas procedentes del Júcar-Vinalopó para compensar costes energéticos.
Según Planas, estas medidas tendrán un impacto estimado en 450 millones de euros.
