El Senado ha respaldado hoy -7 de febrero- el proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas -tramitado por la vía de urgencia-, que se remite ahora al Congreso.
El texto, al que se habían presentado hasta cien enmiendas, ha contado con cuatro transaccionales, entre ellas una que hace mención a la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los afectados para los años 2017 y 2018.
Reacciones de los grupos
Desde el Grupo Popular, Asunción Sánchez ha subrayado que el problema de escasez afecta al país en su conjunto y se necesitan soluciones aunque «España está preparada» para luchar contra sequías por la buena planificación hidrológica de Gobierno y autonomías.
Sánchez ha valorado medidas de la futura ley como exenciones de pagos y cuotas a la Seguridad Social, seguros agrarios o ayudas de la Política Agraria Común (PAC), movilizándose recursos que combinan apoyos a infraestructuras y distribución del agua con los que se refieren a iniciativas específicas para los sectores más afectados, así como las planteadas sobre desalinización o uso de aguas residuales.
Por su parte, el senador socialista Graciliano Palomo ha defendido, junto a la rebaja del IBI, exenciones de los gastos fijos del trasvase Tajo-Segura para 2017 y 2018, moratoria de pagos de cuotas a la Seguridad Social a todos los damnificados, el mantenimiento de créditos ICO hasta diciembre de 2018 o la reducción del IVA del suministro eléctrico al regadío (10%).
El proyecto votado «no es lo que nuestro país necesita»
Margarita Quetglas (GPPOD) ha defendido una batería de enmiendas para luchar contra los «efectos perversos» de la sequía. A su juicio, el proyecto votado «no es lo que nuestro país necesita», por lo que espera que cuando el proyecto vuelva al Congreso, la oposición pueda incluir mejoras.
Desde Compromis, Jordi Navarrete ha abogado por «un gran pacto nacional por el agua» y «no parches», tras recordar que su partido presentó 13 enmiendas, que fueron rechazadas excepto una.
Para María Teresa Rivero (GPN), el proyecto «no da respuesta completa» al problema, por lo que ha defendido 14 enmiendas para ampliar el ámbito territorial y el marco temporal de las ayudas.
Por su parte, Rosario Santos, del Partido Aragonés, ha defendido enmiendas para evitar que productores de esta Comunidad se vean excluidos de las medidas de apoyo y ha reclamado al PP más información sobre la propuesta de crear un «fondo o banco público del agua», al albergar dudas de que pueda materializarse en futuros trasvases.
Finalmente, Miguel Aubà (GPER) cree que la ley «se queda corta» en sus medidas, al ser «puntual para 2017 y 2018», y defendió 16 enmiendas, entre ellas una que hace referencia al alto coste de la energía para los regantes, empresas agrarias, cooperativas y almazaras y la necesidad de que el Gobierno actúe en su ayuda.
