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Reivindicaciones del sector agrario de Castilla y León para la próxima PAC

La Junta y las principales organizaciones agrarias de la región firman una declaración conjunta

Representantes de la Junta y las organizaciones agrarias de la región firmaron una declaración conjunta en la que se recogen las principales reivindicaciones del sector
Reunión del Consejo Agrario de Castilla y León (Fuente: la Junta)

El miércoles, 21 de mayo, se celebró el Consejo Agrario de Castilla y León, en el que representantes de la Junta y las organizaciones agrarias de la región firmaron una declaración conjunta en la que se recogen las principales reivindicaciones que el sector exige que sean tenidas en cuenta para el próximo período de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.

Reclaman, principalmente, el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER), ante la posibilidad de que exista un fondo único donde cada Estado decida su distribución, y un incremento de la dotación presupuestaria dentro del Mecanismo Financiero Plurianual (MFP).

La Junta y el sector agrario de Castilla y León reclaman el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER)

También reclama la puesta en marcha de estímulos económicos para promocionar el relevo generacional; la participación de las comunidades en el diseño de la PAC post 2027, porque, según la consejera de Agricultura, María González Corral, son, junto a las entidades locales, las que ejecutan el 50 % de la inversión pública y el 30 % del gasto.

Asimismo, solicitan la inclusión de un criterio de despoblación para el reparto de los fondos, “estableciendo medidas que impongan a los estados miembros una mayor territorialización de esas cantidades”.

El texto también habla de simplificar y reducir los trámites burocráticos o de la mejora en las infraestructuras de regulación de los recursos hídricos, ligadas a una apuesta por la modernización y transformación de regadíos.

Por último, la declaración recoge que las prácticas de protección del medio ambiente no supongan una limitación de la capacidad productiva, “favoreciendo su aplicación mediante incentivos”; el establecimiento de mecanismos legales que aseguren precios justos para los agricultores y ganaderos; el compromiso de no retirar sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas viables; o la implementación de programas que apoyen la transformación digital.

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