Aquello pareció un duelo de chulos. Me refiero a lo que sucedió antes de la Cumbre de la OTAN, que ha tenido lugar en La Haya esta semana, porque, luego, durante la reunión, el marido de Begoña no abrió la boca. De un lado estaba Pedro Sánchez empeñado en decir que España no aceptaba un incremento del gasto en defensa y seguridad hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), tal y como pedía el presidente de Estados Unidos. Del otro, Trump, que dijo que vale, pero que España pagará de todas formas y amenazó con desenfundar su revolver en forma de subidón de aranceles específico para los productos españoles. Y en esas estamos.
El problema viene porque la factura de ese gesto de chulería de Pedro Sánchez recaerá sobre una parte del sector agrario español. Porque, si Trump cumple su amenaza y aplica aranceles específicos a España, podrían resultar perjudicadas nuestras exportaciones a ese país de aceite de oliva, aceituna de mesa, vino y también los productos cárnicos. Dicho de otra manera, la chulería del marido de Begoña terminaría repercutiendo sobre los bolsillos de agricultores y ganaderos y de una parte de nuestra industria agroalimentaria. Y no sería la primera vez que el campo se ve perjudicado por asuntos que, en principio, no tienen que ver con sus intereses directos.
El problema viene porque la factura de ese gesto de chulería de Pedro Sánchez recaerá sobre una parte del sector agrario español
Desde el sector agrario se debería advertir de este peligro al Gobierno, y, sobre todo, habría que estar exigiendo ya que, en caso de que haya esos aranceles específicos para España, que beneficiarían de hecho a los productores y exportadores de aceite de oliva de Italia y Portugal, o de vino de Francia, por no hacer la relación exhaustiva, Pedro Sánchez y su ejecutivo, causantes de esos males, deberían articular las ayudas correspondientes para paliar esas pérdidas. Como he señalado antes, tres sectores claves de nuestra industria agroalimentaria, como el del aceite de oliva y aceituna de mesa, el del vino y el cárnico pagarían la factura.
¿Alguien ha escuchado que la Federación de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB), presidida por Ignacio Silva, presidente a su vez de la aceitera Deoleo, y dirigida por Mauricio García de Quevedo haya dicho algo? Pues la verdad es que ambos están mudos, no vaya a ser que Pedro Sánchez se enfade y Luis Planas, el ministro sanchista de Agricultura, retire las subvenciones que otorga a la FIAB y no vuelva a dejar los salones del Ministerio para que celebren allí sus reuniones. Ya va siendo hora de que los citados Ignacio Silva y Mauricio González de Quevedo digan algo al respecto. Y si no lo hacen, que hablen las empresas afectadas y los desautoricen.
