ASAJA de Castilla y León ha mostrado su preocupación ante la publicación del Real Decreto 1462/2018 por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
Según la organización, este incremento salarial del 22,3% respecto al vigente en 2018, tiene repercusión en algunos convenios del campo de las distintas provincias de la Comunidad Autónoma, que estarían en este momento por debajo de los 12.600 euros (en el cómputo anual) que fija como salario mínimo el mencionado Real Decreto en todas las actividades económicas, incluida la agroganadera, o los 42,62 euros por jornada para trabajadores eventuales y temporeros.
La organización agraria ha señalado que este incremento salarial, «desmedido tanto en porcentaje como en términos absolutos», tendrá consecuencias en las negociaciones del convenio del campo en cada provincia y disparará los costes laborales en su conjunto, ya que a la subida de los salarios se sumará el incremento correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a la empresa.
Esta subida no es sostenible ya que muchos empresarios agrarios van a optar por suprimir puestos de trabajo
A pesar de que el Gobierno justifique el incremento en “la mejora de las condiciones generales de la economía”, ASAJA recuerda que el sector primario no pone precio a los productos que vende, pues se los pone la industria agroalimentaria y la gran distribución.
«El campo no podrá repercutir los mayores costes laborales en la venta de sus producciones, por lo que la subida salarial se va a traducir en unos menores ingresos en las explotaciones, lo que puede derivar en una reducción en la mano de obra», ha añadido.
A su juicio, esta subida no es sostenible ya que muchos empresarios agrarios, sobre todo en sectores en crisis como los ganaderos, van a optar por suprimir puestos de trabajo, y recurrirán en mayor medida a la mecanización y a la contratación de trabajos a empresas de servicios para prescindir de mano de obra asalariada.












