La organización agraria COAG ha exigido al Ministerio de Consumo que aplique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al control del etiquetado de los productos procedentes del Sáhara Occidental en el territorio español. El 4 de octubre se hacía pública dicha sentencia, que obliga a que las producciones procedentes de Sáhara Occidental, en concreto las frutas y hortalizas, lo indiquen en su etiqueta.
La organización ha remitido un escrito al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en la que reclama información sobre las actuaciones que se están llevando a cabo a nivel estatal para la correcta y efectiva aplicación de la sentencia.
En las últimas campañas, COAG viene observando una creciente presencia de determinadas hortalizas en los lineales de los supermercados, como tomates cherrys (+269% de aumento de importaciones a España en periodo 2014-2024), que llevan en su etiquetado el origen “Marruecos”, cuando se trata de empresas que tienen producción también en el Sáhara Occidental.
“Se está produciendo una vulneración de los derechos de quien consume estos productos porque estas grandes empresas producen en el Sáhara Occidental para la exportación y (…) nadie ha visto una hortaliza etiquetada con este origen en toda la UE”
Según Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG “se está produciendo una vulneración de los derechos de quien consume estos productos porque estas grandes empresas producen en el Sáhara Occidental para la exportación y, sorprendentemente, nadie ha visto una hortaliza etiquetada con este origen en toda la UE”.
A su juicio, “parece claro que hay una ocultación intencionada del origen real de los productos, dañando los intereses de consumidores, pero también de productores y de la propia población saharaui”.
La COAG ha defendido en reiteradas ocasiones que el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos vulnera los derechos de las personas consumidoras en la UE y no es acorde a la legislación europea de etiquetado de frutas y hortalizas, como reconoció la sentencia del pasado mes de octubre, dado que limita la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental.
