El Reino Unido aplaza a finales de 2023 los nuevos controles sanitarios y fitosanitarios

El Reino Unido ha decidido aplazar hasta finales de 2023 la aplicación de los nuevos
controles sanitarios y fitosanitarios que tenía previsto establecer desde el 1 de julio de este
año a las importaciones de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europa.

Una nota de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres ha precisado que, con esta medida, el Gobierno británico quiere «evitar los costes derivados de estos controles a las empresas y consumidores británicos, dada la situación del conflicto militar en Ucrania y el incremento de los precios de la energía». De acuerdo con la misma, el ejecutivo británico considera que «sería un error imponer nuevas cargas administrativas y correr el riesgo de colapsar los puertos y las cadenas de suministro en este momento».

Según sus estimaciones, el aplazamiento de estos controles ahorrará a las empresas británicas hasta 1.000 millones de libras esterlinas (1.187 millones de euros). La nota recuerda que se mantienen vigentes los controles que el Reino Unido aplica desde su salida de la UE a los productos cárnicos, pesqueros y vegetales comunitarios.

Controles vigentes desde la salida del Reino Unido

Como ejemplo, los productos de origen animal para consumo humano sujetos a medidas de salvaguardia están obligados ya a venir acompañados de un certificado sanitario de exportación, y los de pesca, de un certificado de captura. También se mantienen los requisitos de importación introducidos ya para la importación de plantas y productos vegetales de alta prioridad, entre los que se incluyen maquinaria y vehículos agrícolas usados, plantas para plantar, patatas de siembra y de consumo, determinadas semillas, maderas y material forestal.

En el ámbito del sector de frutas y hortalizas, la primera fase de los controles impuestos por Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 pasan por la obligatoriedad de que las exportaciones comunitarias estén acompañadas de una declaración aduanera (DUA) y un certificado de conformidad con las normas de comercialización.

El nuevo paquete de requisitos previsto para su entrada en vigor el próximo 1 de julio exigía a partir de esa fecha la incorporación del certificado fitosanitario, una obligación que preocupa a la principal organización hortofrutícola española, porque a su juicio «puede suponer una barrera para mantener el flujo normal comercial del comercio».

El gobierno británico ha avanzado a la Oficina Comercial de la Embajada española en Londres que esperan revisar su modelo operativo fronterizo con la UE el próximo otoño.

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