La reforma de la PAC (I): propuestas del Ministerio sobre la distribución de la ayuda básica a la renta. Por Mercedes Morán

Puesta de sol en campos de arroz en Sueca (Valencia). De Antonio Velis.

Más que una reforma, la propuesta de la nueva PAC en España es una metamorfosis: la transformación total de un sistema que ha mantenido el importe de las ayudas de los agricultores y ganaderos en los mismos niveles durante años, a otro que lo cambiará todo. Digo esto fundamentalmente por dos cosas: la nueva distribución del dinero de la ayuda básica a la renta y los eco-esquemas.

El propio ministro lo ha dicho, “estamos ante un gran cambio cuya dimensión es aun difícil de vislumbrar” por los grandes retos a los que se enfrenta el sector agrario. O lo que es lo mismo, vamos a cambiarlo todo, pero no tenemos (o no queremos enseñar) un estudio del impacto que tendrá, por ejemplo, en la renta de los agricultores y ganaderos. A estas alturas, al menos yo, no me creo que con todos los departamentos y funcionarios especialistas en el tema (algunos de los cuales han participado en otras reformas) que están trabajando en el Plan Estratégico para la PAC post 2020, en el Ministerio y en el FEGA, no se sepa la dimensión económica de esta reforma.

Las palabras para “explicar” esta reforma son grandilocuentes: grandes retos, transformación de la agricultura, biodiversidad, Pacto Verde; en definitiva, algo nuevo para la próxima década en el sector agrario. Todo eso está muy bien, pero lo que de verdad interesa al agricultor y al ganadero, y que no explican, es la repercusión que va a tener toda esa transformación en la rentabilidad de su explotación, que por cierto es el primer objetivo de esta nueva PAC.

Algo que sí ha trascendido es un cuestionario que ha servido de guion en las negociaciones con las Comunidades Autónomas y que pregunta sobre diversos aspectos a reformar, entre ellos la ayuda básica a la renta que sustituirá a lo que ahora conocemos como pago básico y que antes fue el pago único; pagos que se han concedido desde el año 2006 en base a unos derechos asignados al agricultor o ganadero, que llamamos históricos porque mantienen, reforma tras reforma, el importe de la ayuda en los mismos niveles.

Ahora todo será distinto; las noticias que nos llegan de las reuniones del ministro con los consejeros de las Comunidades Autónomas anuncian que muchas de ellas están a favor de la desaparición de ese importe histórico de los productores. Esto significa, ni más ni menos, que todos los agricultores y ganaderos perderán el dinero que se les fijó cuando se desacoplaron las ayudas, de acuerdo con los pagos que recibieron en el periodo de referencia.

Entonces, si desaparecen los derechos históricos ¿qué propuestas de nueva distribución de las ayudas hay encima de la mesa para debatir?

El Ministerio de Agricultura recoge en el cuestionario las distintas posibilidades para conceder esta ayuda básica a la renta. En concreto hay dos vías:

  1. Continuar con un sistema de derechos que se asignarían al agricultor o ganadero, pero cuyo importe no será el histórico; de tal forma que recibirían ayudas tantas hectáreas como derechos asignados.
  2. Eliminar el sistema de derechos y cambiar a un sistema de pago por la superficie declarada por el productor.

Parece que ninguna de las dos posibilidades debe ser muy beneficiosa para el agricultor o ganadero porque añaden una opción más: un periodo transitorio en el que el productor vaya adaptándose y haciéndose a la idea de que durante dos o tres años tendrían un sistema de derechos, eso sí con un importe distinto a su histórico, para luego pasar definitivamente a un sistema de pago por superficie.

El sistema de asignación de derechos ya lo conocemos porque es el que existe actualmente, pero el de pago por superficie sería una novedad que genera muchas dudas.  Por ejemplo, la entrada de nueva superficie en el sistema de ayuda; actualmente en España hay 19,6 millones de hectáreas que reciben el pago básico. La adopción de un nuevo sistema de ayuda a la superficie declarada por el productor, podría suponer que más 4 millones de hectáreas que no han recibido nunca ayudas, tal vez pudieran optar a ellas.

Esto, como poco, nos lleva a preguntarnos qué impacto tendrá la entrada de nueva superficie en la distribución de las ayudas de una PAC con el presupuesto para pagos directos recortado en un 9,6%, según el acuerdo del Consejo de la UE.

También podríamos preguntarnos sobre cómo influiría este sistema de ayuda a la superficie, si es que finalmente se aplica, en el acceso de los jóvenes a la tierra; si mientras más hectáreas se declaren en la solicitud única más importe se recibe, ¿quién va a renunciar a superficie para arrendarla a los jóvenes que se incorporen? ¿qué influencia tendrá sobre los precios de arrendamiento de la tierra?

En definitiva, la desaparición de los derechos históricos significará un trasvase de fondos de unos agricultores a otros y de unos sectores agrarios a otros. Por mucho que el ministro no se canse de decir que estos fondos no se territorializan, la realidad es que los fondos de la PAC han tenido un impacto directo sobre el territorio donde viven los productores que los reciben, y el mantenimiento de los mismos ha conseguido que la actividad económica del espacio rural de muchas regiones se asegure; ¿qué ocurrirá a partir de ahora si la pérdida en una comunidad autónoma es sustanciosa?

Una reflexión para terminar: las ayudas de la PAC suponen actualmente un 30% de la renta agraria de los agricultores y ganaderos; en estos tiempos de bajos precios, mayores exigencias verdes para producir y precios de los medios de producción al alza, si las ayudas van a sufrir ese gran cambio, ¿de qué porcentaje sobre la renta agraria vamos a hablar en esta nueva PAC?

Por Mercedes Morán, ex-directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura y miembro del equipo de expertos que participa en el `Consultorio de la PAC´de AGROPOPULAR

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