El peso político de Tejerina y los presupuestos

Por César LUMBRERAS

Si hay que medir el peso político de un ministro, en este caso de la ministra de Agricultura, por lo que sucede con los presupuestos de su Departamento, Isabel García Tejerina no sale bien parada frente a su colega Cristobal Montoro y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.

Estas son las cifras que hemos conocido durante los últimos días: el presupuesto consolidado del MAPAMA ascenderá este año, siempre y cuando se apruebe la propuesta del Gobierno presidido por Rajoy, a 9.480 millones de euros. Esta cantidad supone un descenso del 3 por ciento con respecto al presupuesto prorrogado de 2016.

Si nos olvidamos de lo que viene de Bruselas y consideramos lo que se llama el subsector Estado, el presupuesto de gasto asignado al MAPAMA disminuye el 8,1 por ciento hasta los 1.729 millones de euros. Mal, muy mal. Es una prueba más de que a Cristóbal Montoro le importa un rábano el sector agrario.

Otro tanto se puede decir de Alberto Nadal, uno de los “Nadal Brothers”, que nunca han tenido contacto con la realidad y, por lo que se ve, siguen sin tenerla, y menos con la del campo.

Desde luego, la ministra ha demostrado que su peso político es muy inferior al de Montoro, a pesar de que la primera fue de número 3 en las listas del PP por Madrid, mientras que su colega de Hacienda fue de 4.

Buscando algo positivo en el capítulo presupuestario, conviene destacar también que no ha salido adelante el impuesto sobre las bebidas azucaradas, que se anunció a bombo y platillo durante los últimos meses. Desde Hacienda ya se han encargado de advertir que se retira, pero tan solo de momento. Si M (Montoro) y N (Nadal), lo necesitan para cuadrar sus cifras lo resucitarán cuando venga bien.

Los cultivadores de remolacha y los productores de azúcar podrán haber ganado una batalla, pero no la guerra, ni mucho menos. Además, ha quedado claro que, contrariamente a lo que decían desde Hacienda, este impuesto no estaba motivado por razones de salud o de protección de los consumidores, sino que tenía únicamente un afán recaudatorio, porque necesitaban 200 millones de euros y ya está. De momento, y en este caso, García Tejerina ha visto triunfar sus tesis.

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