Entre el 25 de marzo y el 29 de abril los operadores del sector de carne de porcino podrán solicitar las ayudas al almacenamiento privado, después de que la Comisión Europea decidiera el pasado 23 de marzo activar el mecanismo, en el marco de las medidas de emergencia adoptadas para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la guerra en Ucrania.
La carne acogida al mismo deberá permanecer almacenada entre un mínimo de 2 meses y un máximo de 5. El importe de la ayuda varía dependiendo de las piezas. Por ejemplo, se ha fijado en 270 euros por tonelada para las medidas canales almacenadas durante un período de 60 días o en 423 euros/tonelada para los jamones almacenados durante 150 días.
Para justificar la medida, que algunos Estados miembros venían reclamando desde hace meses, la Comisión cita la grave ralentización de las exportaciones a China, el avance de la peste porcina africana y el impacto de las restricciones impuestas durante la pandemia, a las que se suman las alteraciones del mercado derivadas de la guerra en Ucrania.
Rechazo en España
Sin embargo, los precios del porcino han evolucionado al alza en los dos últimos meses y varios Estados miembros de la UE, como Alemania, Polonia o Dinamarca, han señalado que no habrían recurrido a este dispositivo en estos momentos.
En España el sector considera que la ayuda al almacenamiento privado no es una medida adecuada en estos momentos a la vista de la situación del mercado, con precios al alza. En ello coinciden tanto la Asociación de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) como la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).
En ANPROGAPOR consideran que habría tenido más sentido hace unos meses, cuando la situación de precios en el sector era crítica
Desde esta última subrayan que se trata de una medida “de difícil justificación, teniendo en cuenta la evolución alcista de las cotizaciones en las últimas semanas, con subidas exponenciales, y sin que pueda esperarse un cambio de tendencia a corto plazo”.
Ven la medida como un “agravio” “en un momento de enormes dificultades para un sector que no cuenta con ninguna ayuda de la Administración y que tiene que hacer frente al altísimo coste de la energía que el Gobierno no es capaz de resolver, como tampoco de solucionar la huelga de transportes, cuyo seguimiento está paralizando la actividad de las empresas”.
En ANPROGAPOR consideran que habría tenido más sentido hace unos meses, cuando la situación de precios en el sector era crítica. Estiman que a los precios actuales no tendrá impacto.
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