Las organizaciones agrarias y las cooperativas españolas han rechazado unánimemente las propuestas de Bruselas para la futura PAC, sobre todo en lo que respecta al presupuesto asignado a esta política, pero también en cuanto a lo que se sabe por el momento sobre su futuro diseño.
La COAG ha subrayado que, con sus propuestas, «la Comisión Europea dinamita 60 años de Política Agraria Común, da la espalda a los agricultores y ganaderos e hipoteca la soberanía alimentaria de Europa». Lamenta que Bruselas haya elegido recortar un 22% los fondos agrarios y multiplicar por 5 el gasto militar y ha subrayado «la incoherencia de exigir sostenibilidad, digitalización e innovación mientras se recortan precisamente los fondos que permiten avanzar en esas direcciones». Considera que fusionar el desarrollo rural con las políticas de cohesión «enmascara un recorte encubierto sin precedentes y una renacionalización en toda regla». Por último, advierte que el debilitamiento de la PAC tendrá efectos directos en la cesta de la compra y anuncia que «los tractores volverán a las carreteras» ante una propuesta «inaceptable».
La Unión de Pequeños Agricultores lamenta que la propuesta de presupuesto de la futura PAC planteada por Bruselas hace que los agricultores y ganaderos europeos tengan que enfrentarse a los nuevos retos con menos recursos y considera imposible que los productores puedan hacer más con menos aportaciones de la PAC en forma de ayudas directas. Es imposible -dice- abordar la crisis climática, las dificultades geopolíticas, las comerciales sin más recursos. Además, el sistema planteado va a generar desigualdad entre países. La organización insta a los eurodiputados españoles a que se opongan en bloque a estas propuestas.
ASAJA-Sevilla ha afirmado que «si se entierra la PAC, se pierde la soberanía alimentaria de la Unión Europea y la seguridad alimentaria de sus ciudadanos». La organización considera que esta propuesta «no abre solo una crisis agraria» sino que «afectará a todos los consumidores: subida de precios, inflación alimentaria, pérdida de acceso a productos frescos, locales y de calidad, mayor dependencia de países terceros».
La Unión de Uniones considera que asistimos a «un retroceso inaceptable en el respaldo político y financiero al sector agrario, antesala de su desmantelamiento». Desde su punto de vista, uno de los cambios estructurales más preocupantes es la pérdida de personalidad política y financiera de la PAC, que quedaría integrada en un gran fondo común junto a otras políticas (cohesión, empleo, migraciones, desarrollo territorial…). Además, los Estados miembros deberán presentar un único Plan Estratégico Nacional en el que las prioridades agrarias competirán con otras políticas por los recursos. La organización alerta asimismo del riesgo de distorsión competitiva entre agricultores europeos.
Cooperativas Agro-alimentarias de España habla de «desmantelamiento de facto de la PAC», que ya «no será ni agrícola ni común», y subraya que el recorte de fondos a esta política pone en riesgo la seguridad alimentaria de los europeos, además de la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las zonas rurales. Las cooperativas apuntan que, «aunque la Comisión propone blindar el apoyo a la renta obligando a los Estados miembros a usar parte de sus sobres en su financiación, pero quedan muchas dudas sobre herramientas clave para el futuro del sector, como son las medidas de gestión de mercado actuales y las inversiones estratégicas para abordar los retos económicos, sociales y de sostenibilidad». Además, añaden, «el apoyo a las medidas agrarias estaría supeditado a la consecución de reformas de la economía de cada país que nada tendrían que ver con la agricultura».
