La semana pasada se debatió en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada por el Partido Popular que aspiraba a devolver al lobo ibérico a su estatus de especie cinegética para las poblaciones al norte del Duero. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos se abstuvo. Al día siguiente de la votación, la diputada del Parlamento de Cantabria, Marta García, anunció que dejaba Ciudadanos, pero no su escaño, porque consideraba que la formación «traicionó a los ganaderos» al abstenerse a la propuesta para revertir la protección especial del lobo.
En la emisión de AGROPOPULAR del 28 de mayo contamos con la intervención de Marta Garcia, que también es ganadera en la Ganadería Val del Mazo, que explicó en antena que tomó esta decisión porque no estaba de acuerdo con la decisión de la formación naranja.
De hecho, el viernes de la semana pasada se reunió en Madrid con la cúpula nacional de Ciudadanos y consiguió revertir la postura inicial del partido. La diputada cántabra explicó que tomó esta decisión por «responsabilidad y en defensa del campo de Cantabria». «No podía permitir un atropello de esas magnitudes».
«No podía permitir un atropello de esas magnitudes»
Respecto a la reunión, detalló que a través del diálogo y consenso consiguió que entraran en razón, aunque añadió que el encuentro fue «tenso e intenso». En el momento de su intervención, estaba previsto que este lunes se presentara una iniciativa en el Congreso de los Diputados para su debate en el pleno «para poder hacer ese control poblacional que llevan reclamando las Comunidades Autónomas hace varios meses y exigir a la ministra Teresa Ribera que ponga a disposición de las regiones los 20 millones de euros que prometió».
También solicitarán que se haga un censo nacional del lobo por parte de entidades independientes, es decir, que no lo elaboren asociaciones ecologistas y animalistas, y que en quince días el Ministerio responda a las Comunidades Autónomas cómo pueden gestionar o llevar a cabo el control poblacional del lobo aunque este animal esté en el Lespre. «Es una decisión política» que solo se puede revertir «con otra decisión política», concluyó.












