Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia llevan a Bruselas el conflicto del lobo

Pedirán una reunión con el comisario europeo de medio ambiente, Virginijus Sinkevičius

Las cuatro comunidades autónomas que rechazan la protección especial del lobo ibérico -Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia- pedirán una reunión con el comisario europeo de medio ambiente, Virginijus Sinkevičius, para que pueda «influir» sobre la posición del Gobierno de España.

Así lo han asegurado este martes los consejeros de Medio Ambiente del Principado, Cantabria y Castilla y León, que han participado en Oviedo en el Patronato y en la Comisión de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El titular asturiano, Alejandro Calvo, ha señalado que estas comunidades, que aglutinan al 95% de los ejemplares de todo el país y que han creado un grupo de trabajo alternativo al compuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar una estrategia para la gestión del lobo, quieren que las instituciones comunitarias conozcan «de primera mano» su trabajo, que «ha seguido las orientaciones de las políticas europeas».

Confía que «a la mayor brevedad» pueda producirse el encuentro con el comisario europeo, de modo que pueda ver todo el «rigor técnico y científico» de la gestión que han desempeñado estos cuatro territorios.

Por su parte, su homólogo de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha mostrado «esperanzado» de que prosperen los recursos contencioso-administrativos de las cuatro comunidades autónomas y las medidas cautelares interpuestos contra la protección del lobo.

También ha recordado que la pasada semana la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad atendió la petición de las cuatro comunidades y retiró del orden del día de su reunión la aprobación de Estrategia para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación elaborada por el Ministerio.

Finalmente, el consejero cántabro, Guillermo Blanco, ha confiado en que vuelva el «sentido común» al Gobierno de España, tras al «avasallamiento» al que está sometido a las comunidades con el lobo, y ha puesto en valor la gestión de las cuatro comunidades que rechazan la protección de la especie al considerar que están «más cerca del terreno» que los dirigentes que tienen su despacho en el Paseo de la Castellana, desde donde se han tomado «decisiones unilaterales».

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