Castilla y León recurrirá la sentencia que anula que las explotaciones puedan abrir sin licencia ambiental

La Junta de Castilla y León recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que anula que las explotaciones ganaderas no requieran de licencia ambiental previa para funcionar.

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, José Antonio Santiago-Juárez, ha aclarado que esta sentencia no se refiere a grandes explotaciones, si no a ganaderías pequeñas no invasivas.

Santiago-Juárez ha recordado que el objetivo del decreto que reguló esa cuestión, que afecta a todo tipo de empresas, es reducir las cargas administrativas para que montar una empresa no tenga tantas dificultades, en la línea de la normativa nacional y europea.

El decreto recogía que en algunos casos bastaría con una mera comunicación formal del empresario para poder abrir, en lugar de tener que contar con una licencia ambiental previa. En todo caso, esta regulación afecta a las explotaciones ganaderas pequeñas y no invasivas y no a grandes explotaciones, como ha señalado Ecologistas en Acción.

Esta regulación afecta a las explotaciones ganaderas pequeñas y no invasivas

Por su parte, ASAJA de esta región ha señalado que la resolución del Tribunal Superior de Justicia “acrecienta la sensación de que en la ciudad ni comprenden ni quieren comprender lo que hay en los pueblos”.

También ha criticado que los denunciantes de este decreto -que acortaba los plazos para poner en marcha explotaciones ganaderas intensivas- “centren todos sus esfuerzos en judicializar cada tema que afecta al sector agrario y ganadero”.

Asimismo, ha lamentado que “se eche por tierra una normativa gestada para facilitar la creación de nuevas empresas en el medio rural, pero en ningún caso para reducir los requisitos ni controles sobre estos proyectos”.

Finalmente, la organización agraria ha anunciado que después de las elecciones autonómicas del 26 de mayo van a pedir a los grupos parlamentarios que estén presentes en las Cortes de Castilla y León que modifiquen la normativa para introducir por vía legal los cambios oportunos que permitan que se aplique el acortamiento de plazos que hasta ahora permitía el decreto.

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