La Comisión Europea está ultimando sus propuestas de reforma de la legislación europea sobre las indicaciones geográficas (IG). Sin embargo, a pocos meses de la presentación del texto (se espera para principios de 2022), las organizaciones del sector denuncian que se trata de un proyecto totalmente vacío cuya única novedad real sería delegar la gestión de las IG en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).
Más que reforzar al sector, la reforma que prepara la Comisión Europea podría debilitarlo, advierten las organizaciones europeas de productos con indicación geográfica (AREPO, que agrupa a las regiones, EFOW, de vinos, y oriGIn).
La única novedad real sería delegar la gestión de las IG en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual
Denuncian un proyecto de reglamento totalmente “vacío” y piden a Bruselas que renuncie a presentarlo. La Comisión Europea tiene previsto proponer a principios de 2022 (con algunos meses de retraso) una reforma de la reglamentación europea sobre indicaciones geográficas.
En una reciente reunión del intergrupo de vinos, espirituosos y productos de calidad del Parlamento Europeo dio algunos detalles sobre sus intenciones. Por lo que avanzó, la reforma se limitaría a reforzar la protección “on line”, a una armonización de los controles y a delegar la gestión de las indicaciones geográficas en la oficina de marcas, la EUIPO, con sede en Alicante.
El presidente de EFOW, Bernard Farges, ha denunciado que “delegar la gestión de las IG en la EUIPO sería un grave error. Significaría a largo plazo la privatización de nuestro sistema y el fin de la especificidad de las IG. Perderemos lo que hace que las IG tengan interés, su carácter multidimensional, y nos aproximaremos de forma lenta pero inexorable al sistema de marcas comerciales”.
La cuestión de la sostenibilidad
Al sector le preocupa también la falta de ambición del texto. Hay que apuntar que el reglamento sobre la Organización Común de Mercado de la reforma de la PAC ya incluye muchas normas relativas a las indicaciones geográficas en lo que respecta a la desalcoholización, las variedades híbridas, el control de las cantidades producidas, etc.
Se trata de disposiciones impuestas por el Parlamento Europeo, con frecuencia para disgusto de la Comisión. Sin embargo, el sector querría que se adoptaran rápidamente propuestas relativas a la sostenibilidad.
Se trata de un asunto clave, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión Europea trabaja en paralelo en una reforma de la política de promoción de los productos agrarios de la UE (que se espera para el verano de 2022, también con retraso), que condicionará aún más la concesión de ayudas al respecto de normas de sostenibilidad.
Para el sector de las IG, es importante que se reconozca su aportación a los objetivos de la estrategia “de la granja a la mesa” si quiere seguir beneficiándose de medidas de la política de promoción. Sin embargo, la Comisión Europea prefiere aplazar esta cuestión a su futura ley sobre la sostenibilidad de la alimentación, prevista para 2024.
. Sin embargo, a pocos meses de la presentación del texto (se espera para principios de 2022), las organizaciones del sector denuncian que se trata de un proyecto totalmente vacío.){kind=link}