ASAJA celebra que la Comisión Europea haya aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación por un año del plazo para la obligatoriedad de la transferencia electrónica de los registros de productos fitosanitarios.
Esta medida, que se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027.
Esta decisión, confirmada verbalmente al Copa-Cogeca por la Comisión, supone una gran noticia para el sector agrario europeo y, en particular, para el español. ASAJA subraya que este avance ha sido posible gracias al intenso trabajo de representación y presión llevado a cabo dentro de Copa-Cogeca, donde ASAJA ostenta la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sanidad Vegetal a través de Miguel Minguet.
Hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba “poco factible” aprobar un retraso de un año en la entrada en vigor de esta obligación. Sin embargo, la labor de lobby conjunta de Copa-Cogeca y ASAJA ha conseguido revertir esta postura, logrando que se introduzca una cláusula de flexibilidad que proporciona seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de toda la Unión Europea.
ASAJA exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación de digitalizar los registros fitosanitarios hasta 2027
Tras este resultado en el SCoPAFF, ASAJA exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.
ASAJA advierte de que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, la organización recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.
Por último, ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario.
