La Comisión Europea (CE) ha anunciado este martes -23 de septiembre- que buscará retrasar otro año la entrada en vigor de la nueva legislación comunitaria para frenar la deforestación importada, porque el Ejecutivo no ha logrado simplificar lo suficiente la normativa.
La comisaria de Medioambiente, Jessika Roswall, ha reconocido que, a pesar de los esfuerzos en materia de simplificación, «seguimos sin conseguirlo plenamente».
Consideran que no pueden «lograrlo sin que haya cierta disrupción para nuestras empresas y nuestras cadenas de suministro (…). Buscaremos, junto con los colegisladores, un aplazamiento de un año».
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación, puesto que entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles y, originalmente, debería haber entrado en vigor el 30 de noviembre de 2024.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales allí donde se han obtenido los recursos.
Primera prórroga, hace un año
En 2024 la CE acordó una primera prórroga de algo más un año, hasta finales de diciembre de 2025, para que se empezaran a aplicar las normas a las grandes compañías, y hasta junio de 2026 para las pequeñas empresas, ante las presiones de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.
Los Estados miembros y el Parlamento Europeo aceptaron aquella primera prórroga, que fue ampliamente criticada por la izquierda y los ecologistas.
Meses después, en mayo de 2025, la Comisión publicó la controvertida lista de países cuyas exportaciones a la Unión Europea de los productos contemplados por la ley puedan generar deforestación en origen, pero solo incluyó en la categoría de «riesgo alto» a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.
A tres meses de su entrada en vigor, Bruselas ha vuelto a frenar la normativa medioambiental, que se suma a otros repliegues del Pacto Verde, como dar mayor flexibilidad a los fabricantes de automóviles en la reducción de CO2 o suspender la tramitación de las normas contra el ecopostureo.
La comisaria de Medioambiente ha asegurado que al Ejecutivo le preocupa el «volumen de información» que debe introducirse en el «sistema informático» que sustenta la normativa. «Necesitamos tiempo para combatir el riesgo derivado de la sobrecarga de información en el sistema informático».
Roswall ha negado que el retraso se deba a presiones de Estados Unidos ni tampoco con el acuerdo comercial concluido este lunes entre Indonesia y la Unión Europea. La comisaria ha asegurado que el Ejecutivo sigue comprometido contra la deforestación.
La CE debe obtener ahora el acuerdo de los Veintisiete y de la Eurocámara para posponer otra vez la ley contra la deforestación importada.
