La organización agraria COAG de Andalucía junto con el resto de integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, ha mostrado un rechazo unánime al último borrador del Real Decreto de Transición presentado por el ministro de Agricultura Luis Planas, por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.
Este borrador de decreto, que será revisado en el Consejo de Ministros del próximo martes, 26 de enero, y se espera que sea aprobado y publicado en el BOE a lo largo de la semana que viene, ha encendido todas las alarmas en el campo andaluz, según la COAG, ya que si finalmente entra en vigor, va a ser «letal» para el modelo de agricultura social que prevalece en Andalucía.
El secretario general de la organización en Andalucía, Miguel López, ha asegurado que “la convergencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura andaluz”. A su juicio, Planas es un “vende patria”, porque traiciona al modelo social y profesional que debe defender.
Según López, el decreto «plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia, una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores».
El análisis de COAG Andalucía apunta a que la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados, por proceder de derechos especiales de ganadería (los que tienen menos base territorial) o por su mayor productividad al proceder de regadío frente a los que proceden del secano, sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región, ignorando la diversidad productiva, la tipología de explotaciones, dimensión, y sin valorar la renta de cada uno de ellos.
«La propuesta del ministro supone transferir fondos públicos desde esa agricultura profesional hacia el otro modelo poco productivo»
En Andalucía, solo el 3,5% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas y ocupan el 50% de la superficie agraria útil. El otro 50% está en manos del 96,5% de los agricultores andaluces, cuyas explotaciones tienen una extensión menor a 100 hectáreas. Son precisamente estas explotaciones donde se desarrolla el regadío andaluz y la agricultura más profesional, más productiva, inversora y que da empleo a más del 90% de los trabajadores ocupados en el sector.
Por tanto, según la organización, «la propuesta del ministro supone transferir fondos públicos desde esa agricultura profesional hacia el otro modelo poco productivo, extensivo, latifundista y que no genera empleo ni dinamiza el medio rural».
Finalmente, según Miguel López, aunque el ministro afirme que Andalucía no va a perder recursos, «oculta lo que realmente va a hacer: que las ayudas se repartan entre los que más hectáreas tienen, entre los fondos de inversión y los mercados financieros, perjudicando así a los agricultores profesionales que son el verdadero motor socioeconómico del medio rural andaluz”.
