Este jueves, 19 de enero, el Consejo de Estado abordará el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, que supondría una reducción de las aportaciones al trasvase al Segura.
El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe «favorable o desfavorable», antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.
Hay que recordar que a finales del 2022 el Consejo Nacional del Agua aprobó el 3ª ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo, y en los que se incluyen los «caudales ecológicos»: caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos.
En el plan del Tajo, la implantación de dichos caudales significará un recorte del agua a trasvasar del Tajo al Segura, lo que supondría para las cuencas receptoras -Alicante, Murcia y Almería- la pérdida de más de 100.000 empleos y desestabilizar la sociedad del Levante, según datos facilitados por el Sindicato de Regantes (Scrats).
La Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan por considerar que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.
La Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan
Desde el Gobierno valenciano han apelado para que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año, y han pedido al Consejo de Estado que el documento sobre los planes que se les remitió para su estudio sea «el acordado y votado» en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 noviembre.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el documento del plan del Tajo remitido al Consejo de Estado es el que fue «respaldado mayoritariamente» en el Consejo Nacional del Agua, en contra de lo que afirman desde el Gobierno valenciano.
Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha (cuenca cedente) ha alegado que en dicha reunión el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció «in voce», y previo a la votación del plan del Tajo, la eliminación de la «condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos», y que tras ello, el documento fue aprobado.
Para Castilla-La Mancha, «cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de dichos caudales en el Tajo carece de validez», dicen desde la Junta, e inciden en que los caudales son una «determinación impuesta» por varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas desde 2019.
