En los últimos tres años se han aplicado en España sanciones por incumplimiento de las normas de condicionalidad por valor de 2,31 millones de euros anuales de media, según los datos del Ministerio de Agricultura relativos a la aplicación de este régimen.
La condicionalidad establece una serie de obligaciones en materia de protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y bienestar animal que deben cumplir los agricultores y ganaderos para percibir las ayudas de la PAC.
Su incumplimiento conlleva una reducción de los pagos y, en ciertos casos, la exclusión del infractor del sistema de ayudas.
Los datos del Ministerio muestran que la media de incumplimientos detectados en los controles por ámbito de actuación se sitúa en el 5,32% pero destacan especialmente los que afectan a la directiva de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de fuentes agrarias, la directiva de conservación de aves silvestres, el reglamento sobre la comercialización de productos fitosanitarios y los procesos de autorización del uso de agua de riego.
Desde que entró en vigor, en 2005, el sistema de control de la condicionalidad se ha aplicado de media a unos 900.000 agricultores y ganaderos, que cultivan o mantienen más de 21 millones de hectáreas de superficie agrícola, el 40% de la superficie total del país.
