Consultorio de la PAC: ¿Cómo podrían afectar a las comunidades de bienes los cambios en la definición de agricultor activo?

Con Mercedes Morán, exdirectora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura

Mercedes Morán, exdirectora General de PAC de la Junta de Extremadura

El Consultorio de la PAC del 18 de junio corrió a cargo de Mercedes Morán, una de las analistas de la Política Agraria Común de AGROPOPULAR. Abordó el último documento de trabajo del Ministerio de Agricultura sobre la futura PAC, que introduce cambios en la definición de agricultor activo y que si finalmente se aplica afectaría a muchas comunidades de bienes y de sociedades civiles que podrían dejar de cobrar las ayudas directas de la PAC.

Para mostrar cómo pueden afectar estos posibles cambios, Morán expuso un ejemplo de tres hermanos que han decidido no dividir la explotación familiar para evitar perder rentabilidad y la explotan en común. «Tres hermanos tienen una comunidad de bienes, uno de ellos tiene una empresa, otro es profesor y el tercero es el que gestiona la explotación, trabaja en ella, vive de ella y está afiliado a la seguridad social en el régimen agrario, es decir, es agricultor a título principal».

¿Qué haría el Ministerio para ver si esta comunidad de bienes, ese agricultor activo a partir de 2023, tiene derecho a las ayudas? 

Morán explicó que, según el proyecto del MAPA, tendría en cuenta todos los ingresos de todos los hermanos en el ejercicio más reciente, es decir, 2022. «De este modo, se sumarían todos los ingresos que declara el empresario, supongamos que el resultado es 125.000, más lo que declara el hermano profesor en su IRPF, que son 35.000 euros, más lo que declara el hermano agricultor que serían los ingresos agrarios totales por la propia actividad agraria, más las ayudas de la PAC y más una indemnización que han recibido de Agroseguro, en total, son 42.000 euros».

En este sentido, Mercedes Morán explicó que sumando estas tres cantidades, los ingresos de los hermanos más los ingresos agrarios totales, da como resultado 202.000 euros. «Para que esta comunidad de bienes sea agricultor activo sus ingresos deben ser como mínimo el 25% de esos 202.000 euros, es decir, 50.500 euros. Como los hermanos del ejemplo tienen unos ingresos agrarios de 42.000 euros y no llegarían a ese 25% la comunidad de bienes no sería agricultor activo y perderían sus ayudas».

Morán detalló que lo anterior es solo un ejemplo pero que hay muchísimos casos y entidades de muchos tipos. «Además de las comunidades de bienes, también se verían afectadas por la propuesta del Ministerio las comunidades hereditarias, herencias yacentes o sociedades civiles».

En su opinión, «no se entiende de ninguna manera» que a este tipo de entidades, que mantienen una actividad agraria que han sido beneficiarias durante años de las ayudas y que incluso pueden ser consideradas como explotación prioritaria por la administración porque un miembro es agricultor a título principal, ahora se les pongan trabas desde el Gobierno cuando aquellos que reciben menos de 5.000 euros de ayudas, aunque se dediquen a distintas actividades, se van a considerar agricultores activos sin más control.

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