La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado a la Unión Europea que el bloqueo y las inspecciones sanitarias aplicados a las importaciones de carne de Brasil se extiendan al resto de países del Mercosur: Argentina, Uruguay y Paraguay.
La organización ha calificado como un “acto de justicia tardío pero insuficiente” la entrada en vigor, el pasado 3 de septiembre, del veto a las importaciones brasileñas de carne de vacuno y ave. La medida responde a la incapacidad de garantizar el cumplimiento de la prohibición europea sobre el uso de determinados medicamentos antimicrobianos para fomentar el crecimiento y aumentar el rendimiento de los animales.
“El mercado europeo ha estado expuesto a importaciones que no garantizan el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria exigida a los productores comunitarios”, ha señalado Joaquín Gargallo, responsable de vacuno de carne de COAG.
COAG ha sostenido que la suspensión confirma las denuncias realizadas previamente por el sector ganadero sobre las deficiencias de trazabilidad. La organización también cita una auditoría publicada por la Comisión Europea en febrero y una investigación de la organización irlandesa IFA sobre diferencias en bienestar animal y medio ambiente entre los modelos de producción brasileño y europeo.
Inspecciones “reales y efectivas”
La organización ha reclamado que los controles para detectar deficiencias en trazabilidad, sanidad, deforestación y uso de promotores de crecimiento no se limiten a una revisión documental, sino que se realicen de forma efectiva sobre cada partida importada.
COAG también ha recordado que en julio solicitó al Ministerio de Agricultura la activación inmediata de las cláusulas de salvaguardia. Según la organización, las importaciones de carne en condiciones arancelarias preferenciales han provocado un descenso de las cotizaciones en las principales lonjas españolas y han trasladado la presión económica a las explotaciones familiares de vacuno.
Además, COAG reitera su rechazo a acuerdos comerciales como el UE-Mercosur si no incorporan “cláusulas espejo” vinculantes que garanticen los mismos estándares ambientales, sociales, sanitarios y de bienestar animal exigidos a los productores europeos. “Exigimos reglas de juego claras y reciprocidad absoluta: lo que no se puede usar ni producir en Europa, no debería entrar en Europa bajo ninguna etiqueta ni resquicio legal”, tal y como ha asegurado el comunicado de la organización.
