Los diez días que han transcurrido desde que Rusia invadió Ucrania amenazan con poner patas arriba la nueva Política Agraria Común (PAC), que ya está aprobada y que debería comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero próximo. En la reforma de esta política se ha dado prioridad a lo que se llama el reverdecimiento de la PAC, con medidas de protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. En cambio, el factor productivo, es decir, la producción de alimentos, ha pasado a un segundo plano, entre otras razones porque no había graves problemas de precios para los consumidores ni dificultades de abastecimiento.
Sin embargo, llegó Putin, mandó a sus tropas que invadieran Ucrania, una potencia en la producción y comercio internacional de cereales y de girasol, y estallaron los problemas en forma de significativas subidas de precios y, lo que es más importante, de un riesgo considerable de desabastecimiento de productos básicos en la alimentación humana y animal en la Unión Europea (UE), en general, y en España, en particular.
Para no agobiar con cifras daré solo seis. En estos diez días el trigo ha pasado en París de 287 euros por tonelada a 393, lo que supone más de 100 euros de incremento. El maíz, por su parte, ha subido de 267 euros por tonelada a 350. En ambos casos estamos hablando de incrementos de en torno al 30 y al 35, insisto, en tan solo diez días. Pero ese, con ser importante, no es el principal problema.
Estamos, por lo tanto, ante una dificultad de abastecimiento que puede agravarse, o no, en función de cuanto dure la guerra y de los daños que produzca
El principal problema es, cerrados los mercados ucraniano y ruso, garantizarse el abastecimiento en otros países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. Pero resulta que en estos dos últimos hay sequía. Y que, además, por la normativa europea en materia de transgénicos y productos fitosanitarios, no todos los cereales producidos en esos cuatro países pueden entrar en el mercado comunitario. Estamos, por lo tanto, ante una dificultad de abastecimiento que puede agravarse, o no, en función de cuanto dure la guerra y de los daños que produzca.
Y, mientras tanto, en la UE, y debido a las sucesivas reformas de la PAC, en las que se ha dado prioridad a “lo verde” en lugar de a “lo productivo”, resulta que no estamos aprovechando todo el potencial de nuestro sector agrario. En esta semana desde distintos Estados miembros se ha pedido a la Comisión Europea que se elimen las normas que obligan, por ejemplo, a dejar tierras en barbecho. Desde Bruselas lo están estudiando. Si finalmente se aprueban esos cambios en la normativa de la PAC, eso no significará que se habrá solucionado el problema a corto plazo, porque el campo no es como una fábrica de tornillos, que se puede parar un día y poner en marcha en pocas horas. Los ciclos de cultivos, plantaciones y cría de animales se mueven con otros ritmos, mucho más lentos y tardan en verse los resultados. Por otro lado, si se cambian las normas, eso significará que la nueva PAC, que debería entrar en vigor en 2023, no llegará a nacer.
Llegados a este punto, quiero terminar con una reflexión: el artículo 33 del Tratado de Roma por el que se fundaron las Comunidades Europeas fija cinco objetivos para la PAC: “incrementar la productividad agrícola; garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola; estabilizar los mercados; garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. ¡Pues, a ver si se enteran en Bruselas y en las capitales de los Estados miembros!
