La reunión que han mantenido este lunes las organizaciones que forman parte de la cadena agroalimentaria (organizaciones agrarias, cooperativas, la industria y la distribución) no ha aportado ni una sola medida, solución o ayuda al principal problema que tienen hoy en día los agricultores y ganaderos, que no es otro que la subida de los costes de producción.
Las organizaciones agrarias habían pedido una reunión a Luis Planas para abordar esta cuestión. La respuesta del ministro fue convocar a toda la cadena, para que así el asunto quedase más difuminado. Eso sí, logró su objetivo consistente en hacerse la foto para transmitir la idea de que está haciendo algo.
El ministro ha destacado el ambiente “constructivo” mostrado por todas las partes intervinientes en la reunión, y ha reiterado que el Gobierno está comprometido con el sector para dialogar y para buscar soluciones de forma conjunta en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, un “instrumento nuevo, que el Gobierno modificó a instancias de las organizaciones profesionales agrarias y del conjunto del sector.
Asimismo, Planas ha hecho un llamamiento a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley, de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena. “Tenemos que ser capaces de dar respuesta en el ámbito de la ley. Todos se han mostrado dispuestos a asumir sus responsabilidades”, ha destacado. El ministro ha mostrado su disposición a colaborar con los sectores para facilitar el cumplimiento de la ley, a través del Observatorio de la Cadena, así como a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
Las OPAS seguirán adelante con las movilizaciones
Por su parte, los dirigentes de las principales organizaciones agrarias, que han mostrado su confianza en el cumplimiento de la ley de la cadena, han confirmado, no obstante, que seguirán adelante con las movilizaciones previstas y que en los próximos días fijarán su calendario.
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha asegurado que el calendario lo concretarán en su junta directiva el próximo 2 de diciembre, mientras siguen negociando la solución de los problemas del campo. A pesar del carácter «coyuntural» del alza de los costes como consecuencia de la reactivación económica tras la pandemia, esta situación puede «ser el espejo» que muestre si la ley de la cadena funciona o no y, en ese sentido, el sector lácteo puede servir de «modelo para otros sectores», según Barato.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, también ha asegurado que su consejo nacional decidirá sobre el calendario de movilizaciones y ha pedido que se dé «alguna salida al sector» mientras se avanza en la aplicación de la norma. «La ley de la cadena es un instrumento válido pero tiene que cumplirse», ha apuntado Padilla, para quien deben tomarse «medidas de choque» en algunos sectores, incluidas medidas fiscales, ayudas en régimen de mínimis o la creación de dos observatorios para analizar la subida del coste de los insumos y las importaciones.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha subrayado que respetarán la «unidad de acción» con el resto de las organizaciones agrarias cuando tomen la decisión de fijar el calendario de movilizaciones, que a su juicio «deben ser permanentes» para intentar cambiar las cosas.
Por último, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha instado a garantizar la viabilidad de las explotaciones ante el riesgo de que desaparezcan y ha aludido a los problemas logísticos que están afrontando en la exportación.
