La salida del Reino Unido de la Unión Europea supondrá una reducción del presupuesto de la Política Agraria Común en unos 3.000 millones de euros anuales, según las estimaciones de un estudio encargado por el Parlamento Europeo. Ese recorte podría obligar a una reforma de la estructura de la PAC que no podrá llevarse a cabo en los plazos previstos actualmente sino que la retrasaría a los años 2022 o 2023.
El estudio en cuestión lleva por título «Posible impacto del Brexit en el presupuesto de la UE y, en particular, de la PAC» y ha sido realizado por el grupo de expertos «Notre Europe-Institut Jacques Delors» por encargo del Parlamento Europeo para su Comisión de Agricultura, que el 9 de noviembre abordará este asunto.
Sus autores señalan que, con la salida del Reino Unido, el presupuesto de la Política Agraria Común perderá una contribución neta anual de 3.000 millones de euros (la diferencia entre lo que el Reino Unido aporta a esta política y lo que recibe después de ella en forma de ayudas y otros pagos). Ese importante recorte en los fondos de la PAC podría conducir a una reforma profunda de la estructura de la PAC, dirigida no solo a reducir su gasto global sino también a que sea más eficaz y sostenible. Esa gran revisión no podría llevarse a cabo en los plazos que se manejan. Según el estudio, habría que retrasarla a 2022 o 2023 para que entrara en aplicación en 2024 o en 2025.
Aportar más o asumir el recorte
A la vista de ese recorte de fondos de la PAC, el informe constata que pueden plantearse diversos escenarios. Uno sería que los 27 países restantes decidan mantener el nivel de gasto agrario. En ese caso, sería necesario cubrir ese hueco de 3.000 millones de euros con más aportaciones por parte de los Estados miembros. Ello perjudicaría a los actuales contribuyentes netos (los que aportan más de lo que reciben), que tendrían que aportar aún más.
Otra posibilidad sería asumir el recorte y reducir el gasto agrícola en 3.000 millones de euros. En este escenario, resultarían perjudicados tanto los contribuyentes netos como los beneficiarios netos (los que reciben más de lo que aportan), entre los que se encuentra España.
Una tercera opción es que el gasto agrario se vea recortado en más de 3.000 millones de euros, lo cual es posible dadas las nuevas prioridades de la UE que necesitarán fondos, como son la política de seguridad y la migratoria. Si el presupuesto de la PAC se viera recortado, por ejemplo, en 10.000 millones de euros, los contribuyentes netos saldrían ganando, ya que tendrían que aportar menos dinero, mientras que los beneficiarios netos resultarían perjudicados.
Según recoge el informe, España es beneficiario neto de la PAC en 1.825 millones de euros. Se trata del cuarto saldo positivo a nivel comunitario, por detrás de los de Polonia, Grecia y Rumanía.
El informe completo, que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo analizará el 9 de noviembre, puede descargarse (solo en inglés) aquí.
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