El último trimestre largo del actual curso de política agraria va a estar marcado por la subida de los costes de producción, tanto para los agricultores como para los ganaderos, la política de planificación hidrológica puesta en marcha por el Gobierno, el cierre del Plan Estratégico de la PAC que ha remitido el ministro Luis Planas a Bruselas y la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, que ha demostrado su falta de eficacia para cumplir con los objetivos asignados a esta norma. En paralelo, habrá que seguir con mucha atención las medidas que se adopten en Bruselas para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia.
La subida de los costes de producción agrícolas y ganaderos ha venido para quedarse durante bastante tiempo. En el caso de los fertilizantes habrá que estar muy pendientes de lo que suceda con los nitrogenados, ligados de manera muy directa el precio del gas natural, que seguirá por las nubes, según todas las previsiones. En este contexto no se debe olvidar que Rusia es un importante abastecedor de algunas categorías de abonos. Los precios del petróleo y, por lo tanto, de la gasolina y el gasóleo, también van a depender en gran medida de lo que pase en el conflicto entre este país y Ucrania, con la consiguiente repercusión sobre los costes de los agricultores. La tarifa eléctrica para riego, asunto en el que el Gobierno sigue sin cumplir la Ley que él mismo aprobó y sin atender las reivindicaciones de los regantes, es otro de los asuntos urgentes, justo ahora que ya ha comenzado la campaña de riego. Del lado de los ganaderos destaca el importante incremento de los costes de producción que se ha acentuado a lo largo de los últimos meses con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tras la subida de los precios de los cereales y de las oleaginosas.
En las próximas semanas deberían cerrarse los planes de cuenca de los ríos más importantes. De momento, el Gobierno se ha llevado un revolcón en el caso del Duero, porque se han rechazado sus tesis, aunque el acuerdo en cuestión es preceptivo, pero no tiene carácter vinculante. El punto más polémico va a estar en la Cuenca del Tajo cuando se fije el caudal ecológico de este río a su paso por Aranjuez (Comunidad de Madrid), que es clave para el trasvase hacia el Segura. En cualquier caso, la tesis común a todos los planes presentados por el Gobierno es que no habrá más agua para regar, lo que impedirá la creación de nuevos regadíos, algo necesario sí se quiere fijar la población en el mundo rural, según apuntan diversos informes sobre este asunto.
Información de César Lumbreras publicada en `La Razón´ el 18 de abril
