Solicitan al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del azúcar

Agricultores, la industria alimentaria, empresas de distribución y el sector hostelero han reclamado de forma conjunta y por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas.

Así lo han anunciado una docena de asociaciones sectoriales representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria, que se han apoyado en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para instar al Ejecutivo a actuar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña.

Las entidades firmantes han coincidido en apuntar que este impuesto rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías, entre otros perjuicios.

En concreto, según este estudio sobre la constitucionalidad del impuesto a las bebidas azucaradas, elaborado por Uría Menéndez, “esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución. Además, presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición”. El estudio también advierte de que este tributo “afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad”.

Estos sectores valoran muy negativamente la entrada en vigor de este impuesto por las consecuencias negativas que comporta en el funcionamiento de la unidad de mercado, así como por  las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Las organizaciones firmantes son ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y MARCAS DE RESTAURACIÓN. Estas representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración. En su conjunto, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, casi el 30% del empleo total del país.

El plazo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda presentar el recurso de inconstitucionalidad expira el próximo 30 de junio, según han explicado los firmantes de esta petición.

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